Patricia Bullrich volvió a marcar una diferencia con el Gobierno de Javier Milei, aunque esta vez el cuestionamiento no apuntó directamente al rumbo económico sino a la forma en que se toman algunas decisiones dentro de la Casa Rosada.
La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado cuestionó que el proyecto de Presupuesto 2027 haya incorporado modificaciones sobre el régimen de discapacidad que, según aseguró, no fueron discutidas previamente en la mesa política del oficialismo.
“Habíamos estado el día anterior en una mesa política, se habían dado los números macro. Se habían dado los fundamentos, pero nadie dijo nada de esto”, sostuvo Bullrich. Y graficó el problema desde su posición parlamentaria: “Uno llega al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’. O quedás como un tonto o quedás como que los engañás”.
La definición vuelve a ubicar a Bullrich en un lugar que viene ocupando durante los últimos meses: la dirigente que respalda el rumbo de Milei, pero advierte sobre los problemas que pueden aparecer cuando las decisiones del Gobierno no se traducen adecuadamente en la política cotidiana.
Una nueva advertencia desde adentro
El capítulo VI del Presupuesto 2027 introdujo cambios sobre la normativa vinculada con discapacidad, en medio de una discusión que ya estaba abierta en Diputados por la Emergencia en Discapacidad.
La oposición denunció que el proyecto busca modificar sustancialmente el esquema vigente, mientras que desde el oficialismo plantearon que el texto todavía puede ser corregido durante el debate parlamentario.
Para Bullrich, sin embargo, el problema no pasa únicamente por el contenido. La cuestión central es que una decisión políticamente sensible haya aparecido en el Presupuesto sin haber sido discutida previamente con quienes después deben conseguir los votos para aprobarlo.
“La mesa política es para evaluar cómo caen en las cámaras los proyectos, qué es viable y qué no”, explicó. En ese sentido, advirtió que romper las mayorías que el oficialismo consiguió construir durante el año puede terminar afectando la gobernabilidad. “En vez de mantener eso, de golpe viene una bomba atómica”, lanzó.
El hilo que une sus críticas
La advertencia tiene un antecedente claro. Bullrich viene reclamando desde hace meses que el Gobierno acelere la llegada de los resultados económicos a las familias y las empresas. También cuestionó que los beneficios impositivos del RIGI no alcancen con la misma intensidad al resto del entramado productivo.
Ahora el planteo es diferente, pero la lógica se mantiene: Milei puede tener definido un rumbo, pero Bullrich advierte cada vez con mayor frecuencia sobre los costos que genera la manera de llevarlo adelante.
Antes señalaba la distancia entre los indicadores macroeconómicos y la vida cotidiana. Ahora señala la distancia entre las decisiones del Ejecutivo y el Congreso. Y esa diferencia importa especialmente para una dirigente que ocupa un lugar central en la estrategia legislativa del oficialismo.
Según información publicada por Infobae, tampoco los diputados de La Libertad Avanza ni el titular de la Cámara baja, Martín Menem, conocían el contenido del capítulo sobre discapacidad antes de que el proyecto ingresara al Congreso. Fuentes parlamentarias atribuyeron la descoordinación al Ministerio de Salud y a la Secretaría de Legal y Técnica.
Bullrich evitó responsabilizar directamente a un funcionario. Incluso aclaró que no quería “ponerlo en cabeza de nadie” al ser consultada por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Pero dejó una frase que resume su diagnóstico: “Acá hay un error no forzado. Y el error no forzado te puede hacer perder el partido”.
La senadora no cuestiona el rumbo general del Gobierno ni plantea una ruptura con Milei. Su reclamo es otro: que las decisiones también contemplen la construcción política necesaria para llevarlas adelante.
Después de pedir más velocidad para que la recuperación económica llegue al bolsillo y una distribución más amplia de sus beneficios, Bullrich vuelve a poner el foco en otro límite del modelo: si el Gobierno quiere sostener su gobernabilidad, no puede obligar a sus propios legisladores a defender en el Congreso decisiones de las que se enteraron al mismo tiempo que la oposición.
Esta vez, la advertencia no es sobre la velocidad de los resultados. Es sobre algo más básico: cómo se juega el partido para poder aprobarlos.
