El Gobierno de Axel Kicillof presentó su Presupuesto 2025, destacando la inversión en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), que contempla una cobertura para 2.494.205 beneficiarios y beneficiarias, y tiene como objetivo incorporar a un mayor número de niños, niñas y adolescentes. Con una asignación de $409.039 millones, la Provincia de Buenos Aires busca garantizar el acceso a una alimentación básica para los sectores más vulnerables, destacando la importancia de este servicio en tiempos de crisis económica.
La presentación del presupuesto, encabezada por el ministro de Economía, Pablo López, y con la presencia de la vicegobernadora Verónica Magario y el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, tiene como trasfondo el choque entre las políticas sociales del gobierno de Kicillof y las del presidente Javier Milei. En un contexto donde la recesión económica y el deterioro de los indicadores sociales afectan tanto al país como a la provincia, el mandatario provincial ha delineado un presupuesto enfocado en la contención social y la obra pública.
Kicillof priorizará la alimentación escolar
Uno de los puntos clave en el presupuesto presentado por Kicillof es la asignación a la alimentación escolar, una medida que contrasta directamente con las políticas del gobierno nacional de Javier Milei, que bajo la gestión de Sandra Pettovello al frente del Ministerio de Capital Humano, ha implementado un ajuste que afectó la distribución de alimentos para comedores sociales. Pettovello, desde su asunción, se ha visto envuelta en diversos conflictos judiciales por la retención y no repartición de alimentos a comedores y merenderos, especialmente aquellos que dependen de organizaciones comunitarias.
La inversión en el servicio alimentario escolar de la Provincia se enmarca dentro de la estrategia de Kicillof de proteger a los sectores más vulnerables de la crisis económica, destacando la alimentación escolar como una de las prioridades para el bienestar de los estudiantes bonaerenses. Con el presupuesto para el SAE estimado en $409.039 millones, la Provincia no solo planea mantener el servicio para más de 2.4 millones de niños y adolescentes, sino también expandirlo a una mayor cantidad de beneficiarios en el próximo año.
Esta asignación resalta la diferencia de enfoque entre el gobierno de Kicillof y la gestión nacional de Milei, en la que, aunque las políticas de ajuste y austeridad prevalecen en el Ministerio de Capital Humano, la Provincia apuesta por aumentar la cobertura de los servicios esenciales. En este contexto, el SAE se configura como una respuesta directa a la necesidad urgente de garantizar el derecho a la alimentación en un momento de gran desigualdad económica.
La apuesta provincial frente al ajuste nacional
En contraste con la Política de Ajuste de Milei, que ha generado fuertes críticas por su impacto en los sectores más vulnerables, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se presenta como un “escudo” frente a las consecuencias del desfinanciamiento nacional. Como lo señaló Pablo López durante la presentación del presupuesto, “en un contexto de recesión económica profunda y un notorio deterioro de los indicadores sociales nacionales, la Provincia se compromete a fortalecer las políticas públicas esenciales del Estado provincial”.
A principios de este año, un fallo judicial obligó al Ministerio de Capital Humano a reanudar la entrega de alimentos a comedores y merenderos en todo el país, después de que se interrumpiera el suministro de manera selectiva y sin justificación clara. El juez en lo contencioso administrativo, Walter Lara Correa, emitió una resolución en la que destacó que “no puede haber decisiones regresivas cuando están en juego derechos como el de acceso a la alimentación esencial”. Además, afirmó que “las restricciones financieras no pueden usarse para justificar violaciones constitucionales”, subrayando que el ajuste no debe ser soportado por los sectores más empobrecidos.
A pesar de este fallo, el gobierno nacional sigue justificando el reajuste de los planes sociales bajo la excusa de auditorías y controles, aunque las críticas han sido continuas por la falta de transparencia y la implementación selectiva de políticas. Este contexto de ajuste en el ámbito nacional contrasta con la postura de Kicillof, quien presentó el Presupuesto 2025 como una herramienta para fortalecer el rol del Estado en la protección social y la inversión en servicios básicos como la alimentación escolar.
Este enfoque de Kicillof en la alimentación escolar forma parte de un plan más amplio para garantizar la inclusión social y proteger a los sectores más vulnerables de la provincia. Mientras el gobierno nacional enfrenta cuestionamientos por la gestión de las políticas alimentarias, la Provincia de Buenos Aires sigue priorizando la inversión en el bienestar de los niños y adolescentes, asegurando que el derecho a la alimentación básica no se vea afectado por las políticas de ajuste.
