La ley dice lo que el juez dice que la ley dice. La frase, que a priori pareciera un juego de palabras, define la escencia misma de la administración de Justicia. La ley no es la letra fría de la norma, sino la interpretación que un magistrado hace de ella. Es una máxima no escrita que, sin embargo, define el accionar de uno de los principales poderes del Estado, el Poder Judicial. Así funciona. Es tan viejo que hace más de 100 años lo escribió José Hernández: hacete amigo del Juez. El Poder siempre encuentra el palenque donde rascarse.
El resto del escenario lo completa el plexo normativo. Más allá de la conocida pirámide de Kelsen que estipula que la mejor manera de relacionarse entre las normas es sobre la base del principio de Jerarquía –ley superior, y ley inferior- es tal el compendio de leyes existente que la cultura popular alumbró en el derecho la conocida teoría de la biblioteca partida. Un recurso básico que describe el amplio espectro de posibilidadades con las que cuenta el Juez para “interpretar” a su antojo. Un “antojo” que muchas veces está sugestionado por el Poder político de turno.
TE PUEDE INTERESAR
En las últimas semanas se regeneró en la Provincia de Buenos Aires una vieja discusión, siempre saldada en contra de lo que el sentido común indica. La decisión de María Eugenia Vidal de proyectar para la Corte a un Juez Federal que no tiene domicilio en el distrito, una determinación que, de mínima, pisotea los pergaminos de más de 3000 jueces bonaerenses radicados en el territorio y que podrían haber sido impulsados para ocupar ese estratégico cargo, quedó en envuelta en la polémica sobre un requisito siempre subestimado de este lado de la General Paz: la condición de residencia en la Provincia. Habría que sincerar la discusión y eliminar ese requisito del plexo normativo bonaerense, para cualquier cargo en disputa.
Desde Carlos Federico Ruckauf hasta la actualidad, la dirigencia política de todos los signos, subestimó la importancia del requisito de la radicación para asumir un cargo. A esta altura podría gobernar la Provincia un inmigrante colombiano sin ningún tipo de lazo argentino recién llegado al país.
“Candidatura Scioli Daniel. Impugnación. Recurso de inaplicabilidad de ley”. Ese expediente existe, y demuestra que el ex gobernador tuvo que recurrir a la Justicia para que interprete a su favor lo que la ley a priori le negaba. El caso Vidal fue, quizá, más escandaloso: pasó de ocupar un cargo de representación importante en Capital Federal, donde se desempeñó como Vice-Jefa de Gobierno porteño, a gobernar la Provincia. Sin escalas. Imaginen un intendente de un distrito que pasa a jefe comunal de la ciudad vecina, de un mandato al otro. Un escándalo. Salvo, en el distrito que más pisotea el requisito residencial.
El caso Conte Grand, el atajo
Más a tono con la discusión que se reinstaló en las últimas semanas, y que aparece como “el atajo” al que echará mano el oficialismo para designar un juez de Corte que no cuenta con residencia en la Provincia, es el caso Conte Grand. El Jefe de los fiscales no pudo demostrar radicación en territorio bonaerense como estipula el artículo 181 de la Constitución para ingresar al Poder Judicial. Hubo, incluso, maniobras evasivas cuando se discutía su designación: eliminó directamente de su CV el domicilio personal. Un acto reflejo para no quedar expuesto.
La solución final del caso Conte Grand que descansa en aquel principio jurídico inicial según el cuál, la Ley dice lo que el juez dice que la Ley dice, le abre el camino a Torres para asumir en el máximo tribunal de Justicia bonaerense. Es el as sobre la manga del Gobierno de María Eugenia Vidal para ver coronado su deseo de sentar a un porteño en la Corte.
Un caso es la excepción. Dos, reflejan la matriz de pensamiento. Y los únicos dos cargos de peso en el organigrama jurídico provincial que impulsó Vidal desoyeron el principio básico de radicación que contempla como requisito la constitución provincial.
En diciembre de 2016, la Justicia determinó que la promoción de Conte Grand por parte del Ejecutivo, “no confronta ni vulnera artículo alguno de la Constitución Provincial”, bajo el argumento de que “el artículo 77 de la Constitución Provincial establece que ‘para ser Juez de la Suprema Corte, Procurador y Subprocurador General de ella”, no es exigible la residencia en territorio bonaerense. La explícita mención de los cargos que enumera el 77 de la Constitución, hizo que prevalezca en la interpretación del Juez que esa es, entonces, la “norma especial” para la designación de esos cargos, y, consecuentemente, anula cualquier requisito –como el de radicación- estalecido en carácter “general” que establece el artículo 181.
El criterio que validó la Justicia en aquella oportunidad, es que frente a las objeciones presentadas contra la designación de Conte Grand, un artículo específico de la Constitución más una Ley provincial –la 14.442- tiene supremacía por su condición de “especial” para esos cargos, por sobre otra de carácter “general” que refiere al ámbito del Poder Judicial. Una interpretación reñida con el sentido común según la cuál, por caso, un empleado de mesa de entradas de un Juzgado debe “probar” su condición de bonaerense para manipular expedientes en letra, pero un Juez de Corte, no. Sencillamentne vergonzoso.
En las últimas horas se oyeron voces críticas en ámbitos que representan a magistrados radicados en la Provincia. Es lógico. En el mejor de los casos Vidal los ignora. En el peor, los considera una manga de burros sin pergaminos para llegar al máximo sitial que puede aspirar ocupar un Juez en su vida, la Corte. Además de objetarla, interpretaron esa colectora que le permitió asumir a Conte Grand, como un “atajo” sin sustento jurídico alguno. La de Buenos Aires, se va transformando en la única Provincia del país con una Justicia colonizada por porteños.
Formacion: Un “inquisitivo” en el acusatorio
Además de su domicilio, una cuestión de formas que, sin embargo, acumula objeciones, Torres cuenta con otra particularidad: desde su rol de Juez Federal, es un baquiano en la aplicación del Código Penal Nacional. Un proceso que dista mucho del que se aplica en territorio bonaerense. Tanto, que son extremos.
Es que el Código Procesal Penal Nacional que acostumbra –por marco jurídico vigente- aplicar el Juez Torres, está encolumnado en el denominado proceso inquisitivo. En la Provincia, sin embargo, desde hace dos décadas y luego de profundos debates, logró imponerse el nuevo código procesal penal, que responde al denominado proceso acusatorio. No son dos procedimientos meramente diferentes. Son extremos. Diametralmente opuestos.
En llano: el proceso inquisitivo y el acusatorio se encuentran en las antípodas. Mientras que el primero, que aplican los jueces federales y nacionales, otorga la facultad plena del Juez en la titularidad de la acción pública, la investigación y la elevación a Juicio, en el acusatorio que rige en territorio bonaerense, toda la acción, la investigación y, finalmente, le elevación a juicio, es competencia exclusiva de los agentes fiscales.
Raro pergamino el de un juez acostumbrado, por acción propia del ejercicio de su cargo, a instar la acción, tomar indagatoria, hacer la prueba y elevar una causa a Juicio, para transformarse en máxima autoridad jurídica en un distrito donde la figura del Juez sólo es en resguardo de las garantías procesales y constitucionales, en el marco de la acción que es competencia exclusiva del fiscal.
Parece que ningún Juez radicado en la Provincia y acostumbrado a aplicar el sistema vigente en territorio bonaerense, tiene pergaminos para llegar a la Corte con Cambiemos. Al fin y al cabo, una obviedad: se trata de una fuerza con supremacía PRO, el sello macrista que parió Capital Federal, que salió a divertirse un rato por el patio trasero de su casa
TE PUEDE INTERESAR
