El proceso de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió este jueves al ruedo con la investigación por el fallo sobre la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires.
Luego de tratar el freno al avance de las causas de derechos humanos, como la posibilidad de la comisión de delitos con la obra social de la Corte, la comisión de juicio político que preside la diputada Carolina Gaillard (FdT) abrió el análisis sobre la medida cautelar que le otorgó a la Ciudad el 2,95% de los recursos coparticipables.
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Se trata de los idas y vueltas en relación a la coparticipación, luego de que el ex presidente Mauricio Macri decretara en 2016 una suba de los recursos para la Ciudad de Buenos Aires de 1,4% a 3,75%; lo que luego fue reducido por Alberto Fernández al 2,32% también con un decreto luego validado por una ley nacional; por lo que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, encabezó el pedido de la cautelar que, finalmente, la Corte Suprema le otorgó determinando -por su cuenta- la cifra de 2,95%.
En ese marco, el proceso que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados citó hoy a testimoniar al juez Juan Carlos Maqueda, quien decidió hacer caso omiso a la comisión de juicio político. “No ha asistido ni ha presentado un informe por escrito”, señaló Gaillard.
A su vez, fue citado también el titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema de Justicia, Joaquín Alperovich, con el fin de comprender cómo los máximos magistrados arribaron al 2,95% de los recursos que deben otorgarse a su criterio a la Ciudad de Buenos Aires.
En ese sentido, Alperovich explicó que su función es “realizar estudios sobre el impacto o los efectos que puedan tener trámites o decisiones que involucran al máximo tribunal en diversas variables económicas en términos de sentencia. Proveer de esos informes, solicitar información a los organismos pertinentes para realizar esos estudios”.
Y aseguró que en el caso de la medida cautelar solicitada por el gobierno porteño ”no se le ha dado intervención a la unidad de análisis económico” que conduce. Consultado por los motivos de ello, afirmó desconocerlos y dijo que sí brindaron “información sobre el presupuesto de la policía federal en el marco del Ministerio de Seguridad, en su momento, en calidad de director nacional de la Oficina de Presupuesto.”
Por su parte, los diputados de la oposición Pablo Tonelli y Paula Oliveto hicieron hincapié en que el Gobierno nacional no ha cumplido con la medida cautelar de la Corte. “Incumplir un fallo de la Corte es delito”, expresó la legisladora de la Coalición Cívica. Lo cual fue contestado por el subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Diez, quien en calidad de testigo dijo que la postura del Estado nacional “fue dejarlos sin efecto en función de su ilegitimidad”.
“Los vicios se relacionan con que la CABA tenía asignada una coparticipación del 1.4% y en el Convenio de traspaso de las fuerzas de seguridad no fue estimado el costo que podía representar la ejecución y el cumplimiento de esos servicios ni se estableció ningún mecanismo para establecerlo”, añadió Diez.
Y cerró: “Hasta donde tengo conocimiento el Gobierno nacional informó que se ponía a disposición de la Ciudad, lo que tenía en sus manos disponible en ese momento eran Títulos. Es una situación financiera que me excede pero fue para demostrar a la Corte que se actuaba de buena fe”.
Los chats entre el asesor de Rosatti y el ex ministro de Seguridad porteño
En otro pasaje del proceso de juicio político, los legisladores abordaron la revelación de los chats entre Silvio Robles, asesor del presidente de la Corte -Horacio Rosatti-, y el ahora ex ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’ Alessandro, en los que el funcionario judicial le “pasaba letra”, según consta en las filtraciones, sobre cómo debían actuar los legisladores de Juntos por el Cambio en relación a debates delicados como la conformación del Consejo de la Magistratura.
La filtración de los chats en cuestión derivó, incluso, en una denuncia penal presentada por el gobernador Axel Kicillof por presunto tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El mandatario bonaerense hacía hincapié en los diálogos entre ambos y los encuentros de Rosatti que se produjeron una semana antes de que la Corte Suprema difundiera su fallo sobre la coparticipación; lo cual, a su vez, generó el repudio de quince gobernadores.
Al respecto, hoy en Diputados el legislador de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, se limitó a decir que “todos sabemos que las pruebas de los chats son ilegales y por eso consideramos su inadmisibilidad”.
El proceso de la comisión continuará el próximo martes 11 de julio, con la presentación como testigos de Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación (BNA) y ex secretaria de provincias; Gabriel Astarloa, procurador del Tesoro de la Ciudad; Alejandro Rodríguez, secretario de Juicios Originarios de la CSJN; y fiscales federales de Estado de las provincias de Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja y Santa Cruz.
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