De manera sorpresiva, ayer la Agencia Nacional de Puertos y Navegación emitió la Resolución 4/26 para suspender la habilitación del puerto de Ushuaia e intervenirlo administrativamente. La terminal portuaria que recibe a más de 500 cruceros turísticos por temporada es (o era) manejada por el gobierno provincial de Tierra del Fuego que lidera Gustavo Melella, uno de los cuatro mandatarios excluidos por la administración libertaria. Los argumentos oficiales, la teoría geopolítica y la respuesta.
Según el acto administrativo firmado por Iñaki Arreseygor, desde hoy la Coordinación Técnica de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación tiene el control del puerto fueguino. Esto incluye “la gestión operativa, técnica y administrativa de dicho puerto, debiendo garantizar la continuidad de los servicios mínimos, la seguridad portuaria y el cumplimiento de las normas vigentes“.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, rechazó la decisión y se mostró dispuesto a dialogar con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, para “encontrar una salida”. “No compartimos ni la medida ni sus fundamentos y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”, expresó.
El gobierno de la provincia austral anunció que va a iniciar “acciones administrativas y analiza la vía judicial” para frenar la intervención que consideran “un avasallamiento”. A través de un comunicado oficial, la Provincia advirtió que “se están instalando narrativas preocupantes respecto a intencionalidades geopolíticas o económicas -no explicitadas- que trascienden la realidad del puerto”.
Esto se fundamenta en que el Gobierno Nacional consideró, entre otras cosas, que el puerto está “en un punto clave para el abastecimiento antártico y la operación de campañas científicas” del Atlántico Sur. El exdiputado nacional Alejandro Rodríguez del peronismo federal denunció que Javier Milei va a poner al puerto “al servicio de (Donald) Trump“. “Milei ofrecerá el puerto de Ushuaia al Presidente de Estados Unidos, para uso militar y comercial”, aseguró.
Por su parte, las autoridades nacionales pusieron se ampararon en una denuncia hecha por la Unión Personal Superior Ferroviario de Tierra del Fuego que data de julio del año pasado vinculada a la sanción de la Ley 1596. Esta norma habilitó el traspaso de fondos del puerto hacia la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y según los denunciantes (y el Gobierno Nacional) compromete “la operatividad, autonomía financiera y sustento institucional” del puerto.
Más allá de los argumentos oficiales, lo cierto es que Melella pertenece a lo que Gildo Insfrán definió como “los cuatro excluidos“. Se trata del grupo de gobernadores provinciales que no tienen diálogo con la administración libertaria a pesar de haberlo intentado en reiteradas oportunidades. El bonaerense, Axel Kicillof, es otro de los que se sientan en esa mesa y ayer hizo sentir su apoyo hacia el fueguino compartiendo el comunicado oficial en sus redes sociales.
