La Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA presentó su informe final y el documento no deja lugar a dudas: para los diputados que trabajaron en el expediente, lo ocurrido con el token promocionado por la figura presidencial encaja de lleno en una estafa planificada, del tipo Rug Pull. Después de meses de pedidos formales ignorados por el Gobierno, la comisión expuso lo que considera un entramado millonario que dejó a miles de usuarios con pérdidas y benefició a un puñado muy reducido de billeteras.
El informe, presentado en la sala A de la Cámara de Diputados, detalla que más de 140 mil billeteras participaron de la movida, pero solo 36 ganaron más de un millón de dólares. El resto, especialmente las 114 mil wallets que terminaron en rojo, quedó atrapado en una operatoria que, según el dictamen, no fue casual ni improvisada. El especialista en blockchain Fernando Molina, convocado por la comisión, confirmó que los movimientos fueron “altamente concentrados” y compatibles con un patrón coordinado.
Un esquema millonario con pocos ganadores
Los legisladores también remarcaron que buena parte de las transacciones circularon por exchanges como Binance, Bybit, OKX y Bitget, con fechas y montos que coinciden con maniobras previas de los mismos actores vinculados al proyecto. No son datos sueltos: el informe subraya que estos flujos respaldan la hipótesis de que se utilizó la imagen pública del Presidente para darle legitimidad a una criptomoneda que terminó desplomándose.
A la trama financiera se sumó otro elemento clave: la falta total de cooperación del Poder Ejecutivo. La comisión denunció que funcionarios esenciales simplemente no dieron la cara. Entre las ausencias más notorias figuran Karina Milei, la Oficina Anticorrupción, la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera. Tampoco hubo respuesta al cuestionario enviado directamente al propio Presidente. Para los diputados, esa actitud no solo complicó el avance de la investigación, sino que expuso un intento claro de obstrucción.
La falta de colaboración llevó incluso a que los legisladores presentaran un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, luego de que la Justicia rechazara el uso de la fuerza pública para exigir las comparecencias de funcionarios que habían sido citados en reiteradas oportunidades. La comisión también cuestionó al Ministerio Público Fiscal por no brindar el auxilio judicial necesario para acceder a información clave.
El impacto social del caso también quedó documentado. Según datos oficiales remitidos por Ripio, al menos 1.329 argentinos compraron $LIBRA después del tuit presidencial y terminaron perdiendo dinero. Para la comisión, esto demuestra que el uso de la investidura presidencial no fue un gesto inocente: miles de ciudadanos actuaron guiados por la credibilidad institucional y terminaron atrapados en una operatoria que benefició a muy pocos.
Con la presentación del informe, los diputados ahora buscan que el Congreso evalúe si corresponde activar un proceso de juicio político. Además, varias de las conductas detectadas serán denunciadas penalmente por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público. Para un sector de la oposición, el escándalo $LIBRA ya marca un quiebre: cuestiona la ética presidencial y expone una forma de ejercer el poder que, lejos de la transparencia prometida, terminó empujando a miles de argentinos a una pérdida económica concreta.
