Mientras el oficialismo apura una reforma en el Código Penal y utiliza al tema como uno de sus caballitos de batalla de cara a las elecciones, el Frente Renovador presentó el proyecto que Sergio Massa ya había anticipado en 2015 y que cuenta con 405 artículos y 100 regulaciones más que el actual.
De boca de sus legisladores, el massismo anunció ayer en conferencia de prensa que la iniciativa volverá a presentarse en el Congreso y será así, el proyecto que peleará con el del gobierno de Macri.
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En grandes síntesis, el proyecto del Código Penal del Frente Renovador, al cual ellos mismos denominan el “Código Justo”, eliminará la libertad condicional para “todos los delitos” y aseguran que buscarán que la pena “se cumpla hasta el último día”.
Por otra parte, también proponen bajar la edad de imputabilidad, pero a 14 años. Un año menos que la iniciativa del gobierno. En tanto, prevé penas más altas para casi todos los delitos.
“Se acabaron los beneficios. El Código de Massa establece que todas las penas vayan a cumplirse. Es la gran diferencia con el proyecto del gobierno, donde más del 90 de los delitos que se enumeran, van a tener beneficios. En el Código de Massa, diez años de cárcel son diez años de cárcel”, resumió para INFOCIELO, el especialista en Seguridad del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez.
Desde el massismo aseguran que el código parte de una “visión tridimensional” donde estarán presentes y regulados víctimas, victimarios y Estado.
También, punto característico en el proyecto del FR, se anuncia la imprescriptibilidad de varios delitos como “corrupción, lavado de activos, contrabando de estupefacientes y órganos, jefe de organización destinada a la trata de personas y de tráfico de estupefacientes y las asociaciones destinadas a realizar actos de terrorismo”.
INSEGURIDAD
Expulsión del extranjero irregular:
En el proyecto del masssismo, si el condenado fuera extranjero irregular, “el órgano judicial podrá disponer su expulsión del territorio nacional, con la prohibición de reingresar por un plazo de 10 años contados desde la fecha que se lo expulsó”.
Edad de imputabilidad:
Este es un punto trascendental en el Código y marca una diferencia con el gobierno, que incluso causó polémica con la sugerencia de bajar la edad de imputabilidad a 15 años.
“Siguiendo criterios internacionales, entendemos que un menor de 14 años de edad está en condiciones de comprender la criminalidad de su acto y por ende cometer un delito a la luz de este código penal. Sin embargo la ejecución de la pena se hará en establecimientos diferenciados y acorde a su edad”, aseguran en el Frente Renovador.
Homicidio:
El proyecto del massismo busca subir la pena de 10 a 35 años de prisión para quien toma la decisión de matar a otro.
Robo con armas:
Se tomó la decisión definitiva respecto a la combinación de armas y delito, para el cual la pena sea de 5 a 25 años de prisión.
Contrabando:
“Frente a la gravedad de este delito, subimos las penas incluyendo prisión a perpetuidad para quien cruce las fronteras contrabandeando estupefacientes”, manifestaron en el resumen del Código que presentó la fuerza política.
VIOLENCIA DE GÉNERO Y TRATA DE PERSONA
En este punto, el cual los integrantes del FR denominaron “violencia doméstica de género”, se busca sancionar tanto la “violencia física como psíquica”, y proteger “un amplio espectro de víctimas que ahora tendrán tutela judicial efectiva”.
“También, siguiendo la finalidad preventiva, se habilitaron una serie de penas restrictivas de derechos para el condenado, como por ejemplo la pérdida de la patria potestad o incluso la inhabilitación para tener o portar armas de fuego”, añadieron.
Violaciones agravadas:
Siguiendo con los delitos relacionados, el proyecto de ley establece prisión perpetua para quien viole un menor de 14 años, “para la violación intrafamiliar o cuando el violador sea conviviente, el encargado de la educación, un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, un ministro de cualquier culto, o cuando fuere cometido por 2 o más personas o con uso de arma de fuego real o simulada, o cuando el autor contagie alguna enfermedad de transmisión sexual grave”.
La misma pena regirá para los casos de violación seguida de muerte.
Trata de personas:
Por su parte, también plantean elevación de penas de 5 a 20 años para delitos de trata de persona, mientras que crean la figura del “jefe de la organización” destinada a la trata, por el cual las penas son de prisión perpetua.
CORRUPCIÓN
En cuanto a uno de los delitos que más sensibilizan al país, el Frente Renovador decidió aumentar los mínimos y los máximos de la pena de los delitos previstos en este título, “lo que permitirá la detención de los funcionarios infieles desde el inicio de la investigación”. Sin embargo, las penas no avanzan de los 10 años.
“Cumpliendo con el artículo 36 de nuestra Constitución Nacional y los propósitos del artículo II de la Convención Interamericana contra la Corrupción de marzo de 1996, creamos el delito de corrupción, hoy inexistente, que llevará una pena de 10 años a prisión perpetua”, explicaron.
Lavado de activos de origen ilícito:
Este es otro de los puntos de delitos graves donde el proyecto del massismo considera aumentar penas, aunque no determina específicamente la cantidad de años como sí hizo con delitos menores.
“Tanto en el código actual como en el código propuesto por el Gobierno Nacional presentaban una pena mínima de 3 años, lo que permitía suspender el proceso a prueba y no llegar a un juicio de responsabilidad y condena”, proponen.
MANIFESTACIONES PÚBLICAS
Pandillaje:
Pese a que en este otro eje, el massismo se basó en sancionar penas graves para los delitos de “terrorismo”, también incorporó una nueva categoría que podría estar relacionada a las organizaciones sociales y políticas que realizan manifestaciones públicas.
“Creamos una nueva figura para quien organiza, recluta o toma parte en agrupaciones permanentes o semi-permanentes que, sin estar comprendidas en la asociación ilícita, tuvieren por objeto principal realizar actos de intimidación, violencia callejera o en lugares de acceso público, coerción, dominio territorial, imposición de ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, señalaron desde el FR.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Difamación:
El proyecto del FR crea la nueva figura agravada para quien desacredite “valiéndose de medios de afectación masiva, como internet, medios gráficos radiales o televisivos”. Este punto podría ser interpretado con los delitos ya extintos de “calumnias e injurias”.
DELITOS ELECTORALES
Obstaculización y alteración electoral:
“A las prohibiciones parciales que sólo entienden por obstaculización de la elección la cadena de actos previos al sufragio, dimos cobertura a la totalidad del escrutinio incluida la verificación final del resultado”, explicaron.
DELITOS AMBIENTALES Y CONTRA ANIMALES
“Decidimos aumentar las penas a 4 años de prisión y severas multas para quien maltrate a un animal”.
EN DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD Y LA PRIVACIDAD
Espionaje ilegal:
“Incorporamos como delito independiente la acción del funcionario público o dependiente a cualquier título de organismos de inteligencia que viole la privacidad o las comunicaciones de forma ilegal. La pena será de 4 a 10 años de prisión”, sostuvieron.
EN DELITOS CONTRA LOS PODERES PÚBLICOS, EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y LA VIDA DEMOCRÁTICA
Coacción a órganos constitucionales:
“Siguiendo las normas del Derecho Penal Alemán, decidimos penar al que de manera antijurídica, con violencia o por amenaza de cualquier tipo coacciona a cualquier miembro de los poderes del Estado u Órganos Constitucionales para no ejercer sus competencias o ejercerlas en un determinado sentido. Esta norma tiene por finalidad afianzar la división y libertad de los poderes”, detallaron del autodenominado “Código Justo”.
EN DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN
Alteración y violación de secretos:
“Subimos la punibilidad y ampliamos las causales por las cuales se ponían en riesgo la seguridad de la Nación. Quedan comprendidos en estas figuras los que sustraen, destruyen, inutilizan o revelan total o parcialmente proyectos, desarrollos, informaciones o secretos de los que tenga conocimiento o custodia por razón de su oficio, cargo o función pública y que no deban ser divulgados”, finalizaron.
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