Mientras avanzan la causas por espionaje ilegal en la Justicia, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño reveló que hay más de 105.000 escuchas registradas que pertenecerían al cableado del penal de Ezeiza y que pondrá a disposición de la Justicia en una denuncia que realizará la semana próxima para ampliar la causa por espionaje ilegal.
“Encontramos un registro de 105.000 registros audios, que quiero ampliar la denuncia, porque esta denuncia ya existe, pero todos hablaban de 220 escuchas. No son 220, son 105.000, para que el juez lo tenga claro a esto. Estamos armando esta denuncia, calculo que el lunes o martes la presentaremos”, aseguró Caamaño en diálogo con El Destape Radio.
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En ese sentido, detalló que “son escuchas autorizadas por la Justicia, pero yo creo que son las del cableado del penal de Ezeiza. La causa ‘Puf’”. Y dijo que no escuchó los audios, pero sabe que están los registros y quiere ponerlos a disposición de la Justicia.
Y dijo que no era una estrategia de la AFI para realizar inteligencia, sino que para ella “había espionaje ilegal”. “Ahora no lo hay, no seguimos a nadie porque está prohibido por Ley. Fue la decisión más sana que tomó Alberto Fernández”, agregó la interventora.
La “operación Puf Puf” y la persecución judicial
A la cárcel de Ezeiza enviaban detenidos a varios ex funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como es el caso del ex Secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, condenado por el juez Claudio Bonadío a ocho años de prisión por su responsabilidad en la tragedia de Once. Las conversaciones privadas de Schiavi fueron grabadas de manera secreta y luego se filtraron a los medios de comunicación, y a dirigentes políticos de Cambiemos.
Así fue el caso de la “operación Puf Puf”, una denuncia realizada por la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió junto a Paula Oliveto y Mariana Zuvic; a partir de la transcripción de llamadas entre Schiavi y Eduardo Valdés, que según Carrió recibió “de manera anónima”.
En el marco de la llamada “operación Puf puf” –nombre por una de las frases de Valdés en las escuchas filtradas-, el fallecido juez Claudio Bonadío ya había preparado más de veinte detenciones por “complot contra la causa de los cuadernos”. Finalmente, nunca se hicieron ya que la causa se desactivó puesto que Carrió, Zuvic y Oliveto no pudieron presentar ningún tipo de pruebas.
Según se supo después, el penal de Ezeiza estaba “cableado” por la AFI -cuyos titulares eran Gustavo Arribas y Silvia Majdalani- y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), y de esa manera se obtenían los testimonios que luego se filtraban a los medios de comunicación. Por ese motivo se desató el escándalo D’Alessio y se abrió la causa contra el falso abogado Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli por presuntas extorsiones.
En base a los testimonios del empresario Pedro Etchebest, D’Alessio y Stornelli utilizaban escuchas ilegales de la AFI para realizar extorsiones a empresarios, sindicalistas y dirigentes políticos para que declaren como “arrepentidos” en otras causas judiciales contra ex funcionarios de Cristina Fernández de Kirchner. Respecto a la “operación Puf Puf”, al no presentar pruebas para continuar la investigación de la causa, la misma terminó cayendo y archivándose.
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