La empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), dependiente del Gobierno bonaerense, decidió meterse de lleno en la disputa por la concesión de un conjunto estratégico de corredores viales que hasta ahora orbitaban bajo la órbita nacional. Este viernes presentó formalmente su oferta en la licitación para quedarse con los tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa de la Red Federal de Concesiones-Etapa II, que incluyen la autopista Ricchieri, el corredor Ezeiza-Cañuelas y las rutas nacionales 3, 205 y 226.
La movida no es menor: mientras la Nación avanza con un esquema de privatización del sistema vial, la Provincia busca ganar terreno con su propia empresa. En otras palabras, en el tablero de la infraestructura, Buenos Aires decidió jugar fuerte y disputar las obras y la administración de corredores que el Gobierno nacional resolvió concesionar.
AUBASA ingresó la documentación en tiempo y forma junto a otras 42 firmas interesadas, aunque sólo 15, entre ellas la compañía bonaerense, quedaron formalmente confirmadas en esta instancia. Según trascendió, las prestaciones constan de extensas carpetas técnicas y financieras, con cientos de fojas, lo que anticipa un proceso de evaluación largo. “La definición podría demorar al menos un par de meses”, confiaron fuentes a INFOCIELO.
La licitación contempla la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de corredores, además de la prestación de servicios al usuario y el desarrollo de explotaciones complementarias para generar ingresos bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, en el marco de la Ley 17.520.
Desde la Provincia remarcan que la empresa cuenta con más de diez años de experiencia en gestión vial y una red que supera los 1.200 kilómetros, incluyendo las autovías provinciales 2, 11 y 6, la autopista Buenos Aires–La Plata y las rutas 56, 63 y 74. En una asamblea previa a la presentación de ofertas, el Ministerio de Infraestructura bonaerense, principal accionista de la compañía, respaldó la decisión y destacó su capacidad operativa: asistencia al usuario las 24 horas, mantenimiento y obra, seguridad vial y atención comercial.
La firma, presidida por José Arteaga, también defendió su solidez financiera y el plan estratégico de obras en ejecución, en línea con lo proyectado por el gobernador Axel Kicillof. Desde AUBASA remarcan que las tarifas de peaje son “competitivas” y permiten sostener un ambicioso programa de duplicaciones de calzada, nuevas rotondas y accesos, reconversión lumínica, repavimentaciones y sistemas de videovigilancia.
Sin embargo, más allá del expediente técnico, el trasfondo es político. En pleno debate por el rol del Estado y el avance de concesiones privadas impulsadas desde la Casa Rosada, la Provincia busca posicionar a su empresa como alternativa “pública” para gestionar corredores clave. La pregunta que sobrevuela el proceso es si Buenos Aires logrará imponerse frente a los grandes jugadores del sector privado y, en ese caso, cómo impactará esa decisión en la puja Nación–Provincia por el control de la infraestructura estratégica.
