El Ministerio de Justicia decidió intervenir por 180 días la fundación de la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, por supuestas irregularidades contables. No es la primera vez que se genera una polémica con el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) que conduce la titular del PRO en uso de licencia.
“La medida busca normalizar la situación institucional de la entidad, luego que las actuaciones sumariales realizadas por la Inspección General de Justicia verificaran irregularidades contables y el desarrollo de acciones ajenas al objeto social para el cual fue autorizada a funcionar”, indicaron desde la cartera que conduce Martín Soria.
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Según se planteó, “se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar, en todo o en parte, acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social autorizado y los fines de creación de la persona jurídica de que se trata”.
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Asimismo, se plantearon “irregularidades contables y administrativas” y menciona que hubo “un crecimiento exponencial de los ingresos y egresos del IEES, pasando en pocos meses de no tener fondos para solventar los gastos corrientes, a recaudar más de 90 millones de pesos; el incremento de los ingresos es coincidentes con actividades políticas personales desplegadas por la Presidenta del IEES, Patricia Bullrich; pagos de facturas telefónicas vinculadas a líneas que están registrados bajo el partido ‘Unión por la Libertad'”.
Vale recordar que en abril, la Inspección General de Justicia (IGJ), difundió un dictamen en el que asegura que Bullrich utiliza la fundación para “el sostenimiento” de su “campaña” electoral, en abierta violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos.
El organismo a cargo de Ricardo Nissen planteó también una serie de supuestas irregularidades de la fundación de Bullrich, destinadas “a financiar acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social autorizado”.
En tanto que también determinó que la utilización estructural y financiera de la fundación para la campaña presidencial de Bullrich “podría implicar una violación de la ley 26.215 la cual regula la financiación de partidos políticos”.
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