El campo bonaerense salió a expresar su malestar ante una fuerte presión impositiva en los municipios. La creación de nuevas tasas y la suba de impuestos por encima de la inflación, desataron el enojo de los productores agropecuarios y pusieron en alerta a las entidades rurales que ya imaginan un “efecto contagio” en más distritos.
El nuevo mapa de conflictividad en la provincia, marca fuerte controversias en al menos cinco distritos y una de ellas ya tiene su correlato en la justicia, a partir de una reciente denuncia de productores ante los Tribunales.
Desde el sector rural, creen que los intendentes buscan contrarrestar el efecto del ajuste impulsado a nivel nacional y la caída de la recaudación con más presión tributaria al campo, en lugar de un recorte de los gastos de la política.
En una reciente asamblea de Carbap, las entidades se mostraron “muy preocupadas ya que en algunos municipios se han realizado importantes aumentos o creado nuevas tasas municipales de manera tal que no son para la función específica”, en referencia a las contraprestaciones de servicios que deberían brindar los municipios.
“En vez de ajustar gastos, observamos que continúan los incrementos en los impuestos que como en otras ocasiones los terminan pagando el sector agropecuario, en un contexto, además, castigado por el clima desde hace mucho tiempo” advirtieron desde la entidad que lidera Horacio Salaverri.
Uno por uno, los conflictos del campo en municipios por las tasas
Azul y la “Tasa por Servicios Esenciales”
El caso más emblemático es el de Azul, con la creación de la denominada Tasa por Servicios Esenciales. Presentada por el municipio que lidera el intendente Nelson Sombra (Unión por la Patria) como un cambio en la “matriz tributaria”, sumó a los inmuebles rurales al pago de un impuesto que desde hace décadas abonan los frentistas urbanos.
El tributo que tiene asignaciones genéricas a áreas como “salud, deporte, educación e infraestructura” fue tildado por los ruralistas como un “impuestazo”. “A la ciudadanía argentina no le cabe un impuesto más” comentó, al momento de su discusión, el presidente de la Sociedad Rural de Azul, Hernán Moreno, en diálogo con Infocielo.
Para los dirigentes agropecuarios, el campo ya realizaba sus aportes a través de marcas y señales” o la Tasa Vial”. Tras la aprobación de la norma, productores decidieron presentar “una demanda colectiva contra la Municipalidad de Azul por el nuevo tributo que esta última pretende imponer pese a las advertencias sobre su ilegalidad”.
En los últimos días, el intendente de Azul dio a conocer el monto recaudado con la Tasa en su primer mes – unos 100 millones de pesos- y detalló el destino de los fondos a la comunidad, vinculadas a obras en el sistema de salud.
Desde el campo, respondieron que la avanzada judicial responde a la “inflexibilidad” del Municipio. “En mayor o menor medida, la arbitrariedad afecta a la totalidad de los ciudadanos. Hubiéramos preferido ser escuchados, pero no quedó otra que accionar judicialmente, en defensa de los azuleños, en contra de nadie”, indicaron desde la entidad”.
Además y contra la lectura positiva del municipio, consideraron que los niveles de cobrabilidad (entre 35 y 40 %) son un “nuevo indicio sobre el rechazo que provocó la medida impulsada por el oficialismo local” y agregaron que muchos de los contribuyentes “optaron por el pago mensual, trimestral o hasta anual bajo protesta”.
Bolívar: aumento del 500% en la Tasa Vial
Otra caso emblemático, es el de Bolívar en la séptima sección electoral. Allí, el municipio que conduce el intendente Marcos Pisano (UxP) logró imponer modificaciones a la ordenanza Fiscal e Impositiva en medio de una fuerte resistencia de sectores rurales.
Los reclamos del sector rural se centraron no solo en los incrementos en la tasa por mantenimiento de la red vial y un malestar de arrastre por la supuesta “falta de mantenimiento” de los caminos – contraprestación por el tributo- sino especialmente, en las modificaciones en las variables de cálculo de la contribución.
Desde la Sociedad Rural de Bolívar, entidad que conduce el exintendente y ex concejal de Bolívar, José Gabriel Erreca, consideraron que la determinación de incorporar como nueva variable de cálculo el costo del Diésel Premiun – combinada al valor por índice del novillo- provocaron un aumento como “desmedido” en cada una de las cuotas pautadas previstas 2024, según detalla el sitio Presente Noticias. A eso se suman los aumentos en la tasa de la de Marcas y Señales.
La votación logró avanzar tras varias idas y vueltas, gracias a que una asambleísta de La Libertad Avanza desarmó la estrategia opositora y le dio quórum a UxP para la suba de tasas. Incluso se sentó y votó junto a los concejales peronistas.
Alem: subas de hasta el 600% y otra avanzada judicial
Las modificaciones a la ordenanza fiscal e impositiva avaladas por el HCD de Leandro N. Alem “equivalen a un aumento de las guías es del 402%, al que se suma el ajuste del gasoil, llegando al 613%” señaló el titular de la Sociedad Rural local, Hugo Dacunto, en declaraciones a La Nación.
“Se fueron de mambo”, expresó el ruralista y anticipó que analizan una presentación ante la justicia. Exigen que se respete “el principio de proporcionalidad y razonabilidad en la fijación de los tributos”, y que valoren “el esfuerzo y el aporte que realizan al desarrollo local y regional”.
General Guido y una polémica “sobretasa”
En el distrito de General Guido, fueron sancionados cambios a la ordenanza Fiscal e Impositiva. A las subas en la “Tasa Vial”, por niveles del 250% estiman desde el campo, se suma una “sobretasa” en la emisión de guías de traslado de hacienda. Los fondos recaudados serán afectados a arreglos de los espacios públicos y a un “Fondo Cultural” para el financiamiento de eventos populares.
“¿Por qué el campo tiene que pagar las fiestas del Pueblo y los arreglos de los espacios públicos. Cuándo nos arreglan los caminos?” se quejaron los ruralistas.
Pehuajó: polémica por un nuevo impuesto para aplicación de agroquímicos
En Pehuajó, el intendente ultra k Pablo Zurro, busca que el HCD sancione una tasa fitosanitaria (busca cobrar dos litros de gasoil premium por hectárea por la utilización de agroquímicos).
La medida obligaría a colocar un GPS a todas las máquinas que apliquen los productos para que se puedan monitorear por la Municipalidad. El proyecto, también extiende, por cuestiones ambientales, el área de exclusión de operaciones a 500 metros de distancia a partir de la última vivienda y 300 metros más de área de amortiguamiento.
“Es una locura. Una máquina trabaja por el valor de cinco o seis litros de gasoil premium y le añaden una tasa de dos litros. Y la contraprestación no la saben”, dijo José Perkins, productor agropecuario a Radio Mágica de Pehuajó.
