Una profunda conmoción sacude a la comunidad educativa del Jardín de Infantes N° 905 “Alma Fuerte”, ubicado en la esquina de Diagonal 73 y calle 36 en la ciudad de La Plata. Un grupo de padres y madres formalizó una dura presentación judicial para que se investiguen presuntos episodios de maltrato físico, verbal y psicológico sufridos por sus hijos de apenas 3 años de edad. La acusación recae de forma directa sobre la docente titular de la Sala Naranja, identificada en la causa como S.A., e incluye fuertes cuestionamientos hacia la conducción del establecimiento por su respuesta ante las alertas.
La alarma colectiva se encendió cuando varios alumnos comenzaron a manifestar severas alteraciones en su comportamiento habitual dentro del hogar. Los progenitores describieron retrocesos en conductas ya consolidadas, cuadros de llanto inmotivados, angustia repentina y un permanente estado de temor. Al intentar indagar sobre lo que sucedía durante la jornada escolar, los menores relataron agresiones concretas: un niño aseguró que la maestra le propinaba “cachetazos en la cara” y lo sujetaba con violencia de los brazos, materializándose en marcas cutáneas que sus padres fotografiaron e incorporaron formalmente al expediente penal.
Testimonios coincidentes y métodos de castigo en el aula
Con el correr de los días, los reclamos individuales se unificaron en la puerta del establecimiento al constatar que las vivencias se repetían entre distintos alumnos de la misma sala. La denuncia documenta patrones sistemáticos de amedrentamiento, gritos desmedidos y castigos humillantes. Entre las dinámicas expuestas, se señala que los varones eran llevados a dependencias de alumnas mujeres bajo el argumento burlón de que “eran nenas”, mientras que otros niños debían permanecer parados en penitencia mirando hacia una pared durante lapsos prolongados.
Para dar sustento a la acusación, los denunciantes adjuntaron registros audiovisuales que recopilan los testimonios espontáneos de los pequeños en sus casas. “Mi hijo últimamente por cualquier cosa se cubre la cara con sus manitos como defensa, cuando en casa jamás le levantamos la voz”, expresó con dolor una de las madres en la causa. La concurrencia de relatos similares impulsó a las familias a actuar conjuntamente para exigir el cese inmediato de la docente al frente del aula y la intervención de organismos de protección de derechos.
Severas críticas a la dirección y la sospecha de encubrimiento
La presentación judicial no limita las responsabilidades a la educadora, sino que extiende las sospechas hacia la directora de la institución, Verónica Díaz. De acuerdo con el escrito presentado, cuando las familias elevaron la situación de forma institucional, las autoridades se limitaron a informar la apertura de un sumario administrativo interno. Para los padres, esta medida resultó del todo insuficiente y tibia ante la gravedad de los hechos relatados, señalando además que existían antecedentes de reclamos previos presentados por otras familias en años anteriores.
El malestar de los padres se profundizó tras una tensa reunión mantenida en la sede escolar para exigir respuestas inmediatas. Según explicaron las familias, al finalizar el encuentro, la docente denunciada se retiró del predio sin ofrecer explicaciones y escoltada hasta un vehículo particular por la propia directora. Este episodio fue interpretado por los denunciantes como una actitud proteccionista por parte de las autoridades hacia la acusada, en lugar de priorizar la integridad física y la contención emocional de los menores que asisten al establecimiento.
La causa penal avanza en las fiscalías platenses
La investigación quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno del Departamento Judicial La Plata, bajo la dirección del fiscal Patricio Barraza. El representante del Ministerio Público Fiscal deberá ordenar las primeras diligencias para establecer la veracidad de los hechos y deslindar las eventuales responsabilidades penales. Entre las medidas de prueba solicitadas figura la pronta declaración testimonial de un listado de madres, la realización de pericias psicológicas a través de Cámara Gesell para los niños y el peritaje de los elementos audiovisuales aportados.
Paralelamente al carril judicial, los padres exigieron la intervención de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires para que aparte a la docente del contacto con menores mientras se sustancie la investigación. Dado que el expediente se encuentra en una etapa embrionaria y las acusaciones aún deben ser probadas en sede judicial, la identidad de los niños se mantiene bajo estricta reserva legal, preservando los principios del interés superior del niño.
