El Gobierno nacional anunció el cierre del 40% de los Registros del Automotor y con ello la eliminación de una serie de trámites para quienes adquieran vehículos. La medida, se dijo, se tomó de acuerdo al resultado de la primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA).
En concreto, el cierre comenzará por aquellos que llevan intervenidos más de dos años, para luego proceder con el cierre de los restantes intervenidos. Hay que acordar que, previamente, y en medio de polémica, el gobierno había autorizado la suba de las tasas que cobran.
Esto afecta, sin dudas, las fuentes de trabajo de miles de personas. Según informó la administración central, se reducirá el 30 por ciento del personal de la Dirección de Registros Automotor en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
Una por una, las medidas que modifican en los Registros del Automotor:
- Se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.
- Se eliminará la “cédula azul”: A partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.
- Se eliminará el vencimiento de todas las “cédulas verdes”.
- Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.
- Se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos.
- Se propondrá a las provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.
- Se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.
- Se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.
- Se deroga el régimen que impone la Casa de la Moneda en la compra de insumos y habilitar la “libre competencia” de oferentes.
- Se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales.
- Se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.
