En medio de procesos por denuncias al presidente través de dos decretos que fueron publicados este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno aceptó las renuncias del titular y de la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF). Este organismo es el encargado de prevenir e impedir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y los delitos económico-financieros complejos.
En efecto, el alejamiento de las máximas autoridades de esta institución se conocen poco después de quien hasta entonces era el titular de entidad financiera, Carlos Cruz, fuera denunciado ante la Jefatura de Gabinete de Ministros por supuesto “hostigamiento” y “amenazas” contra varios miembros del área de Litigios Penales.
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En el Decreto 752/2021, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, firmaron la salida de Cruz, aunque se aclaró que la misma “se hará efectiva a partir de la designación de la persona que lo reemplace en el citado cargo”.
En los considerandos, las autoridades nacionales explicaron que esto es así porque “los estándares internacionales y de las normas que regulan el accionar y la competencia” de la Unidad de Información Financiera “tornan ineludible evitar la acefalía” del organismo.
En tanto que a través del Decreto 751/2021, también publicado este viernes en el Boletín Oficial se aceptó la renuncia presentada por la abogada Mariana Noemí Quevedo, vicepresidenta de la entidad financiera.
¿Qué pasó?
Lo cierto es que la Unidad de Información Financiera quedó en el centro de la polémica cuando septiembre pasado se reveló que un error procesal de un abogado permitió el sobreseimiento del CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, y de otros directivos de la compañía.
Todo comenzó el 10 de agosto, cuando el juez Julián Ercolini, a cargo interinamente del juzgado que perteneció a Claudio Bonadio, dictó los sobreseimientos de Rocca, de Luis Betnaza, y Héctor Zabaleta. Los dos últimos declararon que desde el Ministerio de Planificación Federal les pidieron dinero para que el Gobierno argentino intercediera ante Hugo Chávez por la delicada situación del personal de las empresas que el grupo tenía en Venezuela.
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