Tras la denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas por Abogados por la Justicia Social de La Plata, Berisso y Ensenada (AJUS LPBE) en la que se acusa el presidente, Mauricio Macri, de manipulación de la justicia, el Consejo de la Magistratura Nacional tomará cartas en el asunto y evaluará la presentación.
El primero de noviembre el relator especial Diego García Sayán había solicitado al gobierno nacional un informe detallado sobre los casos denunciados por AJUS LPBE y expresó sus “preocupaciones” ya que consideraba que “las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata”.
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Entre los casos más resonantes se encuentra el de la ex procuradora general, Alejandra Gils Carbó, quien debió renunciar tras diferentes presiones, así como también el pedido de jury hacia el juez federal, Alejo Ramos Padilla, quien todavía tiene en sus manos una investigación que salpica al gobierno con una supuesta red de espionaje ilegal y que involucra al fiscal, Carlos Stornelli, además otros funcionarios judiciales y periodistas.
El Gobierno aplicó un recorte millonario al fondo de emergencia destinado a los damnificados de Bahía Blanca
El Ejecutivo redujo en $100.000 millones la asistencia prevista tras las inundaciones de marzo, dejando a Bahía Blanca con la mitad del fondo original.
También hace especial énfasis en el accionar del gobierno frente a los fiscales de la causa del Correo Argentino, que como se recuerda, afectaba principalmente al presidente, quien le perdonó una deuda millonaria a la empresa que había manejado su padre y por lo tanto, al Grupo Macri.
Las denuncias también llegan a la provincia de Buenos Aires, gobernada por María Eugenia Vidal, en la que se cuestiona la designación del juez Culotta en la Competencia Electoral bonaerense para las elecciones del año 2015. Allí, “analizarán las vulneraciones de los estándares internacionales de independencia de los magistrados, dada la manifiesta politización de la subrogancia de Culotta a partir de la petición que realiza el Poder Ejecutivo”.
“A través de la mayoría consolidada en el Consejo de la Magistratura, contradiciendo los precedentes legales y jurisprudenciales en la materia, se violentan las garantías de juez imparcial, que en rigor de lo acreditado, el Dr. Culotta no las ha contemplado, sometiendo a la ciudadanía a una elección oscurecida por la actuación del magistrado”, explicaron desde AJUS.
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