Una particular intervención en las puertas de los Tribunales de Comodoro Py repercutió en las redes, luego de que un grupo de militantes desplegara una bandera con la leyenda: “Comodoro Pygs: el chiquero de la democracia”.
La palabra “pig” –cerdo en inglés- fue en clara referencia hacia los fiscales y jueces implicados en la trama de la red de espionaje que destapó la investigación a manos del juez Ramos Padilla. Una causa que alarma seriamente a Casa Rosada, luego de que la detención de Marcelo D´Alessio vinculara a funcionarios del gobierno como Patricia Bullrich, así como al jefe de la AFI, Gustavo Arribas y a las diputadas Elisa Carrió y Paula Oliveto.
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Los integrantes del Frente Patria Grande –fuerza que lidera el dirigente social Juan Grabois- posaron con caretas de cerdos y denunciaron así, la complicidad del sistema judicial, que como demostró la causa, fue parte directamente de ese grupo “paraestatal” como lo fue el fiscal Carlos Stornelli.
Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) –que está colaborando con la investigación a pedido del juez- sacó un comunicado respaldando al magistrado, quien podría ser apartado de la causa a pedido del gobierno de Macri.
Épico. #Ahora: militantes y artistas del FPG en los tribunales de Comodoro Py presentando la obra “Comodro Pigs: el chiquero de la democracia”. pic.twitter.com/qPOX1cApDP
— Juan Grabois (@JuanGrabois) 18 de marzo de 2019
“La decisión del Ministerio de Justicia deja a toda la ciudadanía en una extrema vulnerabilidad: podemos ser víctimas de espionajes ilegales, pinchaduras de teléfonos o correos electrónicos sin orden judicial, chantajes y operaciones de todo tipo, sin el mínimo control y resguardo por parte del Estado que en vez actuar frente a los hechos expuestos, reacciona contra el juez que lo informa y pretende ponerle límites. La práctica antigua de matar al mensajero”, indicaron desde el organismo.
Para la CPM, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “debe intervenir de manera urgente para fortalecer la función del poder judicial de control y resguardo de la Constitución y la ley”.
“Es necesario que respalde la investigación, provea los recursos necesarios y garantice su independencia. También debe procurar la seguridad personal del juez y su familia. Asimismo hacemos un llamado al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público Fiscal para que desde sus respectivas competencias apoyen esta investigación y contribuyan a la resolución de este problema grave que afecta el estado de derecho”, manifestaron.
A su vez, recordaron que el espionaje y la inteligencia ilegal “fueron parte indisociable del aparato represivo del terrorismo de estado”.
“Los mismos operaron en la ilegalidad dentro del estado mucho antes del golpe y fueron parte del proceso paulatino de debilitamiento de las instituciones democráticas que lo propiciaron el 24 de marzo de 1976”, concluyeron.
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