El inesperado e insólito ataque a la comisaría de San Justo por parte de delincuentes vestidos de policías, no solo dejó el triste saldo de una oficial gravemente herida, sino una polémica frase del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, la cual fue duramente cuestionada por parte de organismos de Derechos Humanos.
“Prefiero que los delincuentes estén adentro, aunque estén apretados”, había expresado Ritondo, cuando le preguntaron sobre la sobrepoblación que tenía la comisaría atacada.
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Lo cierto es que en la provincia de Buenos Aires, todavía hay tragedias que se investigan, ocurridas en comisarías debido precisamente a su hacinamiento e irregularidades.
La “masacre de Pergamino”, ocurrida tan solo hace un año, se cobró siete vidas en un pabellón para menos detenidos, luego de un incendio que pudo haber sido apagado en reiteradas oportunidades por parte del personal policial presente en el lugar.
“Esta frase irresponsable pretende aprovechar un clima de descontento social por el grave hecho ocurrido en la comisaría de San Justo para justificar una práctica ilegal del Estado: aunque parezca una obviedad decirlo, `amontonar´ personas en comisarías que son verdaderas cuevas y en condiciones de hacinamiento extremo, es un delito”, destacaron desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), uno de los organismos más presentes en el tema.
Para la CPM, el Estado “debe ser garante de protección” de los Derechos y no colocarse en el lugar de “victimario”, el cual asume la posibilidad de “torturas” y “muerte”, como un “resultado esperable”.
En la Masacre de Pergamino, marzo de 2017, murieron siete jóvenes en un incendio.
Según las estadísticas oficiales, en el territorio bonaerense hay 457 comisarías, de las cuales 331 se encuentran “inhabilitadas” por el Estado para alojar detenidos. Sin embargo, las que sí están aprobadas, permanecen con una sobrepoblación evidente, signo de la también sobrepoblación y hacinamiento de las cárceles de la provincia.
Según el organismo, hay 45 mil personas detenidas en todo el territorio bonaerense. De las cuales, 39.394 están en cárceles y alcaidías, 3.727 en comisarías y 1.814 con monitoreo electrónico. Todas estas personas se alojan en 21.000 plazas (20.000 en el servicio penitenciario y 1.000 en comisarías) “que no cumplen con estándares mínimos de respeto a los derechos humanos”. Además, dos de cada tres personas alojadas en comisarías “duermen en el piso y la mayoría no cuenta con colchones.
A pesar de este cuadro de gravedad, en el cual hay que agregarle las penosas condiciones de los detenidos, la Suprema Corte provincial evitó intervenir en el caso. El caso testigo fue el rechazo al conflicto de poderes planteado por un juez de Lomas de Zamora, quien había solicitado la intervención de la comisaría 3 de Almirante Bown.
En el lugar se encontraron “varias irregularidades edilicias”, como que “ninguna celda contaba con ventilación e iluminación natural, la instalación eléctrica era precaria, con conectores colgando y escasos artefactos de iluminación; había riesgo de electrocución e incendio, los colchones eran comunes -no ignífugos- las cloacas se hallaban desbordadas”, entre otras graves falencias.
Ante esto, el relator especial de las Naciones Unidas sobre tortura en condiciones de encierro, Nils Melzer, fue contundente sobre la situación de las cárceles y comisarías en la provincia: “enérgicamente manifiesto mi repudio a estas condiciones y apelo a las autoridades argentinas en todos los niveles y poderes, como cuestión de urgencia humanitaria, a comprometer los recursos necesarios para mejorar las condiciones físicas de detención”.
Adamás, sobre la misma problemática, sigue en trámite las medidas cautelares presentadas por la CPM ante la Comisión Interamericana y la Defensoría de Casación.
La frase del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, volvió a dejar en claro el rumbo de la política carcelaria en la provincia de Buenos Aires. A lo que se le suma lo propuesto por el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, quien había manifestado su deseo por la construcción de “más cárceles y comisarías”.
“El Estado debe dejar de insistir con esta política criminal en materia de seguridad, y encarar reformas estructurales que garanticen y respeten los derechos de todos los sectores de la sociedad y desarrollen políticas que intervengan de manera responsable ante la problemática delictiva sin vulnerar los derechos humanos”, concluyeron desde el organismo provincial.
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