Si bien las estadísticas oficiales explican que no se está dando una “liberación masiva” de presos, lo cierto es que algunos jueces están otorgan prisión domiciliaria a detenidos por delitos graves, como abuso sexual.
Los datos referidos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) indican que en el período de marzo-abril del año pasado, se liberaron 44 acusados de abuso sexual, mientras que en el mismo tiempo de este año, salieron 38 personas.
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Pero, a pesar de que refiera a números similares, legisladores bonaerenses que responden a Sergio Massa están pidiendo juicio político para aquellos magistrados que violan la Ley Nacional de Víctimas, como sucedió con el juez del Departamento Judicial de Bahía Blanca, Claudio Brun.
La presentación oficial estuvo a cargo del diputado del Frente de Todos, Pablo Garate, luego de que Brun haya otorgado la libertad domiciliaria a un detenido que violó y dejó embarazada a una joven con retraso madurativo.
El caso generó indignación en la población, que se acercó hasta el domicilio del detenido para repudiarlo. Más tarde, el propio juez que le había concedido la domiciliaria, lo volvió a encarcelar ante el pedido de la gente.
De esta manera, el juicio político contra Brun se convirtió en la primera denuncia electrónica que recibe la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses.
“Hoy presentamos de manera electrónica el Jury al Dr. Claudio Brun, porque a pesar de haber retrotraído la liberación de Néstor Ibars, nuestra tarea es defender a todas las víctimas que no se pueden defender y porque en este caso, hay una gran cantidad de liberaciones y de delitos muy graves”, sostuvo el legislador Pablo Garate, quien además es abogado.
Para Garate, la justicia “tiene que tener sentido común y responsabilidad”, y pidió terminar con “los jueces del ´salga, salga´ y los que creen que quienes cumplen condena tienen más derechos que las víctimas”.
El intento de domiciliaria había sido para Néstor Luis Ibars, quien fue condenado a siete años de prisión luego de la violación a una joven de Bahía Blanca.
Cabe recordar que la semana pasada, el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, reunió al Observatorio de Víctimas de Delitos, presidido por Sandra Rossi y dependiente de Diputados, y se comprometió con acciones para monitorear las “libertades masivas” durante la pandemia.
Sin embargo, el de Ibars no fue el único caso, ya que el diputado Jorge D’Onofrio prepara un nuevo escrito para María Inés Piñero Bertot, jueza del Tribunal Oral 2 de San Martín y la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de San Martín, quienes le otorgaron la prisión domiciliaria a Antonio Di Palma que violó una menor de 17 años.
Jueza Márquez.
DENUNCIA A LA JUEZA MARQUEZ
Por su parte, todavía continúa la polémica en torno a la jueza Julia Márquez, a cargo del juzgado de Ejecución Penal de Quilmes. La magistrada fue una de las principales fuentes de la cual se valieron varios medios de comunicación, para hablar de una “liberación masiva de presos”.
La mujer había dicho, al principio, que se había liberado a 176 condenados por “delitos contra la integridad sexual”, y también, que en un solo día se habían otorgado tantas prisiones domiciliarias como en un año. Pero luego, tuvo que revertir sus propios dichos cuando recibió una catarata de denuncias y críticas.
Uno de los que la denunció fue el abogado José Luis España. En declaraciones para LA CIELO, el doctor sostuvo que la jueza Márquez incurrió en el “delito de intimidación pública”, debido a que puso en alerta “voces que generen alarma con números falsos”.
“La libertad de expresión no es absoluta, tienen que estar regidos a un marco de regulación”, manifestó España, quien además consideró que “los presos tienen que estar presos, pero en condiciones de salubridad. Esto no pasaría si las cárceles no estarían superpobladas”.
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