El diputado de La Libertad Avanza, Guillermo Castello, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para derogar la Ley 14.519, sancionada en 2013, que regula el uso correcto de la terminología vinculada a la discapacidad.
La normativa vigente, aprobada en el año 2013, establece que debe utilizarse la expresión “personas con discapacidad” y prohíbe frases o términos discriminatorios, estigmatizantes o anacrónicos. Además, obliga al Poder Ejecutivo a revisar publicaciones oficiales para garantizar el cumplimiento de esta disposición haciéndolo extensivo a los municipios.
De esta manera, lo que la ley busca es proteger a un colectivo históricamente vulnerado en el plano simbólico y social, corrigiendo prácticas discursivas que reproducían exclusión. Vale recordar que en febrero de este año la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) calificó a personas con distintos grados de discapacidad como “idiotas”, “débiles mentales” e “imbéciles” en una resolución publicada en el Boletín oficial que generó múltiples repudios.
LOS FUNDAMENTOS DE CASTELLO
En los fundamentos de su proyecto, el marplatense Castello argumenta que la Ley 14.519 “pretende regular el lenguaje social, lo que resulta contrario a la naturaleza humana”. También cuestiona la “paupérrima técnica legislativa” de la norma y la califica de “superficial y demagógica”.
Incluso sostiene, llamativamente, que la ley no se cumple en la práctica, y por eso su derogación sería un paso lógico. Con este planteo, el legislador libertario extiende su cruzada contra el lenguaje inclusivo al terreno de la discapacidad, en línea con la batalla cultural que promueve su espacio político.
EL ANTECEDENTE DEL GOBIERNO DE MILEI
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), que depende del Ministerio de Salud del Gobierno de Javier Milei, publicó en febrero de este año la Resolución 187/2025 en el Boletín Oficial. El documento, que establece criterios médicos para medir la invalidez laboral —condición exigida desde septiembre de 2024 para acceder a pensiones no contributivas—, utiliza términos como “idiotas”, “débiles mentales” e “imbéciles” para clasificar a personas con distintos grados de discapacidad.
En el anexo de la norma, bajo el apartado “Retardos Mentales”, se categorizan los niveles de discapacidad con esas denominaciones, diferenciando entre debilidad mental “profunda, moderada o leve”. Además, la resolución dispone que solo quienes presenten “debilidad mental profunda o mayor” tendrán derecho a recibir la pensión, lo que generó un fuerte rechazo por el lenguaje empleado y por la limitación en el acceso al beneficio.
Siete organizaciones argentinas de derechos humanos y de representación de personas con discapacidad, entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaron un reclamo administrativo. Allí exigieron la derogación urgente de la norma por considerarla violatoria de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —un tratado con jerarquía constitucional en Argentina— y denunciaron que la medida pone en riesgo derechos humanos fundamentales.
LENGUAJE Y DERECHOS: LO QUE ESTÁ EN JUEGO
La derogación de la Ley 14.519 no sería un simple cambio semántico. En realidad, significaría eliminar una herramienta legal que protege a las personas con discapacidad de ser nombradas con expresiones ofensivas o estigmatizantes.
El debate trasciende lo lingüístico y se inscribe en el plano de los derechos humanos y la inclusión social. Para organizaciones de discapacidad y colectivos de derechos, este tipo de normas son avances que garantizan el respeto y la dignidad de las personas.
Si bien fuentes legislativas le restaron importancia al proyecto al indicar que “no va a caminar, es solo un acto más de provocación de Castello que busca instalarse a través de la polémica. Ningún legislador lo apoyaría, el proyecto lo firmó él solo, ni sus compañeros de bancada lo siguieron”, afirman.
UNA ESTRATEGIA DE PROVOCACIÓN
Más allá de lo técnico, el proyecto de Castello refuerza la línea discursiva de La Libertad Avanza: colocar el lenguaje en el centro de la agenda política como terreno de disputa ideológica, aunque en esta aventura no fue seguido por ningún compañero de bancada.
La propuesta parece inscribirse más dentro de una lógica de “batalla cultural”, donde el lenguaje es atacado como símbolo de lo que los libertarios califican de “ideología de género” o de “progresismo demagógico”, sin reparar en que, en este caso, la ley protege a un colectivo que sufre múltiples formas de exclusión.
