Una federación de empresas transportistas presentó una denuncia administrativo ante la Secretaría de Transporte de la Nación contra la Municipalidad de Ramallo. Buscan que el gobierno intervenga para suspender un “peaje municipal encubierto“. Vuelve a quedar en el ojo de la tormenta el Impuesto a los Combustibles.
La denuncia fue presentada por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). Según indicaron, el distrito gobernado por Mauro Poletti licitó la instalación de dos pórticos sobre la ruta provincial 87 para pesar los vehículos que pasen por ahí y cobrar una tasa. Se trata de un camino clave para la industria logística porque llega hasta la ruta 9 conectando el parque industrial y el puerto de San Nicolás.
La iniciativa cuenta con el aval del Concejo Deliberante y proyecta cobros de hasta 37 mil pesos por cada pesaje. Desde la FADEEAC sostuvieron que “este esquema representa un costo por kilómetro 120% más caro que el peaje del Puente Zárate-Brazo Largo, y se suma a la tasa del 2% sobre cada litro de combustible que la comuna cobra en las estaciones de servicio locales desde enero“.
En rigor, se trata de una concesión vial en favor de Plus Byte SRL. De acuerdo a la Ordenanza aprobada en febrero de este año, la empresa va a encargarse de poner en marcha, operar y mantener “un sistema integral para el control de tránsito pesado” que incluye el cobro de una tarifa. A cambio, le va a abonar un canon mensual del 50% de la recaudación bruta mensual a la Municipalidad.
“No podemos permitir que se reinstalen aduanas interiores disfrazadas de tasas de mantenimiento. Si este modelo se replica en otros municipios, no solo se absorbe el margen operativo de las empresas de transporte, sino que se fragmenta el comercio interior, se encarecen las exportaciones y se afecta directamente la competitividad del país”, advirtió Cristian Sanz, presidente de FADEEAC.
Para la FADEEAC esto configura “una doble imposición tributaria” y va en contra de las leyes de coparticipación federal y de los combustibles. De ahí que hicieron la denuncia administrativo y le solicitaron al Ministerio de Economía de la Nación que impulse una medida cautelar “de suspensión inmediata” en la Justicia. “El verdadero riesgo no es solo este gravamen local, sino el precedente de habilitar una red de barreras económicas municipales superpuestas, sin coordinación ni límite”, argumentaron.
El trasfondo del impuesto a los combustibles
La puesta en marcha de este sistema de control del transporte se da mientras se multiplican los reclamos hacia el gobierno nacional por la recaudación del impuesto a los combustibles. La ley que cita la FADEEAC en su denuncia dice que parte de ese fondo debe destinarse a obras de mantenimiento de las rutas, pero eso no está sucediendo. Esta semana, el intendente de Pilar, Federico Achával, dijo que “el Estado nacional retiene un millón de dólares por día que tendrían que estar destinados a mejorar las rutas y los caminos“.
Ya hay denuncias penales en curso y distintas iniciativas que intentan poner esos recursos donde corresponde. Mientras tanto, en algunos municipios, como el de Ramallo, los intendentes buscan alternativas para no dejar que el deterioro se apodere de la infraestructura vial.
