El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) anunció que no va a participar de las audiencias públicas covocadas para presentar dos etapas de la Red Federal de Concesiones. Así se llama el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para privatizar unos 9100 kilómetros de ruta. ¿Por qué se bajaron?
Las audiencias públicas en cuestión están al caer: la de la Etapa II serán entre el 11 y el 13 de junio y las de la Etapa III entre el 30 de junio y el 7 de julio. Sin embargo, con el rechazo del CONADUV, las jornadas no contarán con ningún defensor de los usuario viales. Esto significa que las concesiones se van a decidir sin tener en cuenta la opinión de una de las partes.
La decisión de la CONADUV tiene dos razones principales. La primera es que las audiencias públicas convocadas por el Gobierno Nacional son “no vinculantes” lo que implica que las opiniones vertidas en ese marco, por cualquier participante, no debe ser tenida en cuenta. Se trata de “un simple formalismo” en el cual se “monta un decorado” para simular la participación ciudadana “en la toma de decisiones importantes”, explicaron desde la asociación.
A esto se le suma la segunda cuestión que tiene que ver con el rechazo del CONADUV al proyecto. “El hecho de participar de las audiencias públicas convocadas es como aceptar una propuesta que implica un gran error“, sostuvieron.
¿Nace el Impuesto al Tránsito?
Actualmente, las rutas nacionales que el Gobierno Nacional está por licitar están en manos de Corredores Viales SA. La empresa, por concesión, cobra un peaje directo en ruta para operar y mantener la infraestructura. La idea de la administración libertaria es mantener este sistema, pero incorporando nuevas estaciones de peaje y más kilómetros de ruta a concesionar.
Según el CONADUV, esto es un “impuesto al tránsito” que va a generar “serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales, a las localidades servidas por los distintos corredores y a toda la sociedad”.
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Victoria Tolosa Paz reseñó la historia del fentanilo en Argentina y demostró que la falta de controles comenzó durante el macrismo y se acentuó con Javier Milei.
En concreto, esto se debe a que los caminos son de dominio público y no hay alternativas libres de pago. A esto le sumaron que las rutas en cuestión se construyeron con fondos específicos creados por ley y para los cuales ya hay impuestos (como el de los combustibles).
“Con peaje en la Red Vial Nacional, y no habiendo caminos alternativos libres de pago, no hay libertad”, concluyeron.
