La asociación de abogados AJUS de La Plata, Berisso y Ensenada denunció en la Justicia al ex secretario de Salud del gobierno de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein, junto con la exdirectora del Instituto Nacional del Cáncer (INC), Julia Ismael Celsa, por “manejo irregular de los fondos públicos”.
Según la denuncia de la ONG Abogados por la Justicia Social (AJUS), existió “la asignación de fondos públicos, con un valor de casi 7 millones de pesos, con intención de favorecer a instituciones con las cuales los exfuncionarios se encontraban íntimamente vinculados“. Lo cual consideraron que se encuentra prohibido por la Ley de Ética Pública
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La entidad presentó la denuncia en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría y en la Oficina Anticorrupción, donde Rubinstein ya tiene otro expediente.
Para la ONG, el ex secretario de Salud “asignó, de manera arbitraria, exorbitantes sumas de dinero al Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) a través del Instituto Nacional del Cáncer durante su gestión, institución la cual dirigió desde la fundación y a la que volvió finalizadas sus labores como Ministro y Secretario de Salud”.
Y señalaron: “Dicho accionar se realizó con la complicidad de la Dra. Ismael Celsa, que en ese momento era la directora del Instituto Nacional de Cáncer, puesta por el mismo Rubinstein”.
De acuerdo consta en la prsentación judicial, la ex directora del INC llevó adelante licitaciones “poco claras” con el objetivo de que la Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica (GEDYT) resultase ganadora; la misma entidad en la que la propia Ismael Celsa fue designada como su directora ejecutiva un año después de entregar 3 millones de pesos.
“También denunciamos el haber utilizado con fines de lucro informaciones o datos de carácter reservado de los que han tomado conocimiento por razón de su cargo, favoreciendo y dirigiendo las licitaciones públicas”, sostuvieron.
“Dicho accionar por parte de los ex funcionarios amerita abrir una investigación penal que revea la forma en que se decidieron esas ayudas financieras a las organizaciones que los acogieron como sus empleados a poco de terminar sus gestiones”, agregaron y pdiieron que “se determine el lugar de donde salieron los fondos, la regularidad de esas licitaciones, y el patrimonio de los funcionarios”.
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