El Gobierno nacional volvió a poner en debate el sistema de asistencia estatal al asegurar que, “técnicamente”, en la Argentina no existen los planes sociales. La afirmación fue realizada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en un video difundido en redes sociales y replicado por el presidente Javier Milei y otros funcionarios, donde defendió la reorganización de los programas sociales y sostuvo que el Estado solo otorga prestaciones de seguridad social y programas específicos de asistencia.
“Primero, una precisión importante. Técnicamente, no existen los planes sociales”, afirmó Pettovello en el video. Según explicó, el término se popularizó como una expresión coloquial que mezcla conceptos distintos. En ese sentido, diferenció entre prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones y pensiones, que calificó como derechos establecidos por ley, y los programas sociales, que describió como herramientas de política pública focalizada con objetivos, condiciones de acceso y evaluaciones periódicas.
Desde el Gobierno sostienen que la gestión libertaria heredó un sistema “fragmentado y opaco”. Según detalló la ministra, al asumir en diciembre de 2023 encontraron 125 programas sociales bajo la órbita del ministerio, muchos de ellos superpuestos o sin evaluación de resultados. “Unificamos 125 programas en 49, con reglas claras y trazabilidad, priorizando la transferencia directa a las personas. Reducimos estructuras, no personas asistidas; eliminamos superposiciones, no derechos”, afirmó. En esa línea, remarcó que la decisión de pagar los beneficios de manera directa a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) buscó terminar con la intermediación de organizaciones sociales.
La funcionaria también defendió la evolución reciente de la AUH, creada en 2009, y sostuvo que el Gobierno recompuso su poder de compra. Según explicó, en diciembre de 2023 el beneficio, junto con su complemento alimentario, cubría apenas el 54% de la canasta básica alimentaria, mientras que actualmente se ubica cerca del 100%. “Eso no es expandir la asistencia, sino recomponer el poder adquisitivo para combatir la indigencia y la pobreza extrema”, aseguró.
La paradoja del modelo libertario
Los datos oficiales indican que la AUH alcanza hoy a más de 4,1 millones de niños, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a más de 2,5 millones de familias y cubre a alrededor de 4,5 millones de menores. De acuerdo con distintos informes económicos, estas transferencias fueron, paradójicamente, las únicas partidas sociales que crecieron en términos reales durante los primeros años del gobierno libertario, en un contexto en el que salarios y jubilaciones perdieron poder adquisitivo frente a la inflación.
El Gobierno prepara además nuevos cambios en el sistema. Entre ellos, un proyecto para unificar la AUH, la Tarjeta Alimentar y el programa Plan Primeros 1000 Días en una única prestación denominada “AUH Familia”, que comenzaría a implementarse en 2026. A su vez, el Ejecutivo analiza modificar el mecanismo de actualización de estos beneficios, que dejarían de ajustarse automáticamente por inflación y pasarían a depender de decisiones del Ministerio de Economía.
En paralelo, el oficialismo también avanza con cambios en los programas vinculados al empleo. El esquema que surgió tras la división del histórico Potenciar Trabajo, actualmente separado en “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”, podría reconvertirse en un sistema de capacitaciones laborales financiadas mediante vouchers educativos, orientado a personas desocupadas que hoy reciben esa asistencia.
Sin embargo, la afirmación de que “no existen los planes sociales” generó cuestionamientos, especialmente porque durante años el propio discurso político, incluido el de sectores que hoy integran el oficialismo, utilizó esa expresión para criticar las políticas de asistencia estatal. La idea de los “planeros” o de que las familias pobres “tienen hijos para cobrar un plan” se instaló con fuerza en el debate público, pese a que los datos oficiales muestran que los hogares con tres o más beneficiarios de AUH representan una proporción muy reducida del total.
En ese marco, el ex diputado liberal José Luis Espert llegó a sostener en distintas entrevistas que debía limitarse la AUH a un máximo de dos hijos, al afirmar que subsidiar cada nacimiento “fomenta el aumento de la pobreza”, e incluso vinculó la natalidad en sectores vulnerables con la criminalidad futura.
La discusión revela una paradoja del actual modelo: mientras el discurso oficial insiste en el ajuste y en la reducción del Estado, la red de transferencias directas a los sectores más pobres no solo se mantuvo sino que se fortaleció, convirtiéndose en uno de los principales amortiguadores sociales en un contexto marcado por la caída del salario real y la pérdida de empleo formal.
En ese escenario, la redefinición semántica impulsada por el Gobierno, que plantea que “no hay planes sociales” sino prestaciones y programas específicos, reabre un debate político que en los últimos años fue central en la disputa electoral argentina: si el problema era la asistencia estatal en sí misma o la forma en que se la nombró y se la utilizó en el debate público.
