Carlos Leavi, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina Regional La Plata-Ensenada y dirigente del partido Unidad Popular, explicó que “estas familias ocupan los terrenos desde hace más de veinte años. Habíamos llegado a un acuerdo con el propietario de los terrenos que es la empresa Ferrobaires y estábamos trabajando con el Ministerio de Infraestructura en la relocalización de los compañeros. Sorpresivamente el juez Cesar Melazzo, ordenó el desalojo y, ahora, no ha querido recibir hasta ahora a ningún dirigente de la central, los que venimos desde hace tiempo colaborando con las familias para que puedan solucionar su situación”.
Respecto del desalojo, Leavi aseguró que fue “absolutamente violento. Entraron a las casas cuando los jefes de familia ya se habían ido a trabajar y estaban solo los más chiquitos, en algunos casos con las madres o alguna vecina. Porque muchas de las mujeres trabajan en tareas de limpieza por hora. Vinieron con camiones para llevarse las pertenencias. Lo curioso es que habría que preguntarle al juez a donde se llevaron los pocos bienes de esas familias. Nosotros estamos trabajando en la reubicación, todo estaba planificado. No sé, el juez pensará dejar a toda esta gente en algún terreno baldío, a la intemperie. Yo me pregunto, ¿Qué harán los pibes cuando vuelvan de la escuela y encuentren que su casa ya no existe. Nuestra prioridad es encontrarles alojamiento. Ver que no se separen las familias. Primero hay que salir de esta emergencia. Jode ver a la gente de enfrente, esos del country, que hasta ocupan una calle pública, seguros de que nadie piensa en desalojarlos porque en ese barrio caro viven empresarios, funcionarios, legisladores”.
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