En medio de un conflicto judicial con la Municipalidad de Mar del Plata, el gobierno de la provincia de Buenos Aires emitió dos resoluciones para regular la construcción en zonas ribereñas o costeras. En rigor, se trata de normativas ya vigentes por ley, pero que entraban en tensión con ordenanzas locales. Cómo queda el panorama.
Por un lado, la Resolución Conjunta 1520 de la Autoridad del Agua bonaerense (ADA) estableció la prohibición “de todo loteo y la edificación” en una franja de 150 metros aledaña al Mar Argentino. Lo mismo rige sobre los médanos o cadenas de médanos que lleguen hasta el mar aún a mayor distancia.
Por otro lado, con la Resolución Conjunta 1521, la ADA estableció que va a intervenir en toda obra “que implique una modificación material o jurídica de las condiciones actuales de las riberas marítimas o fluviales bonaerenses”. Esto alcanza a todos los dominios que hayan sido cedidos a municipios y se va a hacer antes de las autorizaciones que le competen a autoridades locales.
De esta manera, el gobierno de la provincia de Buenos Aires busca garantizar que se cumpla el Código de Aguas en los 135 distritos. En la Resolución Conjunta 1520 se basó la decisión en la Ordenanza 8434/91 de Mar del Plata con la que el municipio flexibilizó los límites impuestos por la Provincia y avaló construcciones a partir a metros 100 metros de distancia al océano.
