Mientras el Gobierno insiste en que la desinflación es una meta alcanzable, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) avanza en silencio con un cambio clave: la implementación de una nueva metodología para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que entrará en vigencia con las variaciones de enero de 2026. La actualización, que reemplazará la base de datos de 2004-2005 por la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017-2018, busca modernizar la medición, aunque despierta interrogantes sobre su impacto en medio del actual rebote inflacionario.
El organismo informó que la “implementación de la metodología de cálculo del Índice de precios al consumidor con base en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017-2018 se comenzará a difundir con los resultados de las variaciones de enero de 2026”. Según explicó el Indec, la fecha responde “a la recomendación efectuada por el equipo técnico de la Dirección Nacional de Estadísticas de Precios”, con el fin de sincronizar el inicio del nuevo índice con el comienzo del año calendario.
El Indec cambiará la metodología del IPC desde enero de 2026. La actualización busca modernizar la medición, pero genera dudas en un contexto inflacionario.
Medir la inflación en tiempos de ajuste
En un contexto donde las tarifas, los alquileres y los alimentos continúan impulsando los precios, el cambio metodológico plantea un interrogante: ¿reflejará el nuevo IPC con mayor fidelidad el impacto real del ajuste sobre los hogares? Desde el Gobierno aseguran que el objetivo es técnico y responde a “las buenas prácticas estadísticas que guían al Indec”, pero el debate se reaviva justo cuando la inflación, tras algunos meses de descenso, muestra señales de repunte.
El nuevo índice incluirá modificaciones en la canasta de bienes y servicios, con la adopción del COICOP 2018, un estándar internacional que amplía a 13 las divisiones temáticas y mejora la clasificación del gasto de los hogares. Según el organismo, este cambio “garantiza la coherencia clasificatoria internacional a lo largo del año calendario” y “permite contar con precios medios coherentes y consistentes para las operaciones estadísticas que lo requieran”. Además, se busca “asegurar la consistencia para las cuentas nacionales, evitando ajustes posteriores del índice cuando se lo utilice como deflactor anual”.
En abril pasado, el director del Indec, Marco Lavagna, explicó que la actualización apunta a reflejar con mayor precisión los nuevos hábitos de consumo. “Son diferencias pequeñas entre los esquemas. Uno busca el resultado final de la inflación, y por temas internacionales también tenemos que cambiar el esquema”, sostuvo el funcionario, que continúa al frente del organismo desde el gobierno anterior. Según detalló, la nueva canasta incluirá productos y servicios hoy comunes en la vida cotidiana, como plataformas de streaming o dispositivos móviles, aunque aclaró que estos cambios “no implicarán una variación sustancial en los resultados del índice”.
La última actualización integral del IPC se realizó en 2016, tras años de manipulación estadística durante la gestión de Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio. Aquella reconstrucción, llevada adelante por Jorge Todesca y Graciela Bevacqua bajo el gobierno de Mauricio Macri, permitió restablecer la credibilidad del organismo. Ahora, casi una década después, el Indec busca dar un nuevo paso técnico.
Sin embargo, la pregunta persiste: con una inflación que vuelve a acelerarse, una política de tarifas liberadas y un consumo en retracción, ¿Qué mostrará el nuevo IPC cuando empiece a regir? La promesa de “una lectura más precisa” de los precios llega justo cuando la realidad económica parece escapar a cualquier fórmula estadística.
