La situación procesal de la cantante santiagueña Valentina Olguín se complicó en las últimas horas luego de que el fiscal Agustín Chit resolviera agravar la imputación en su contra, que ahora pasó a ser por “contrabando simulado en concurso real”, un delito con una pena más severa que la que se le atribuía inicialmente.
Según publicó el diario Los Andes, la nueva calificación fue dictada tras una revisión del expediente y reemplaza la figura de “contrabando por simulación” por una más grave. En ese contexto, la joven deberá comparecer el próximo martes 4 de noviembre junto a su defensa para responder a la nueva acusación.
Un procesamiento previo
En mayo pasado, el Juzgado Federal N°2 de Tucumán, a cargo del juez Juan Manuel Díaz Vélez, había procesado a Olguín sin prisión preventiva por utilizar datos personales del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo para recibir mercaderías adquiridas en el exterior.
La investigación determinó que la maniobra provocó un perjuicio fiscal superior a los 1.200 dólares y que la influencer habría operado al menos cinco veces entre septiembre y octubre de 2024, valiéndose de información tributaria de distintos mandatarios provinciales.
De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, el caso se inició tras una denuncia del propio Jaldo, quien el 28 de octubre de 2024 advirtió que su CUIT personal había sido empleado sin autorización para efectuar compras internacionales entregadas en un domicilio del barrio porteño de Núñez.
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Los otros gobernadores involucrados
Durante la investigación se comprobó que Olguín también usó los datos fiscales de otros cuatro gobernadores: Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Marcelo Orrego (San Juan) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
En su declaración indagatoria, la influencer reconoció los hechos y explicó que había elegido “al azar” los datos de terceros obtenidos en Internet con el fin de eludir las limitaciones del régimen aduanero, calificando su accionar como “una decisión inmadura e irresponsable”.
El mecanismo
El sistema courier permite realizar hasta cinco envíos anuales por persona, con un tope de 3.000 dólares. Como Olguín ya había agotado su cupo y el de allegados, utilizó los CUIT de funcionarios públicos para continuar importando productos. La elección de gobernadores no fue casual: se sospecha que la correspondencia dirigida a altos cargos políticos tiene menos probabilidades de ser retenida por la Aduana.
Con la nueva imputación, la causa avanza hacia una etapa clave en la que la Justicia deberá definir si las maniobras de Olguín constituyen un caso de contrabando agravado y cuál será la eventual sanción penal que podría enfrentar.
