El intento del Gobierno por bajar el tono de uno de los frentes más incómodos que rodean al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un elemento clave en el plano judicial. La fiscal Alejandra Mangano solicitó archivar la causa que investigaba el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a Estados Unidos a bordo del avión presidencial.
El planteo fue presentado ante el juez Daniel Rafecas y se centra en un punto concreto: para la fiscalía, no existió delito ni perjuicio económico para el Estado. Según el dictamen, la participación de Angeletti en la comitiva oficial que viajó a Nueva York para el evento Argentina Week se encuadra dentro de lo que definió como un “uso razonable de la discrecionalidad” en las decisiones del Poder Ejecutivo.
De acuerdo a la reconstrucción del viaje, el vuelo partió el 6 de marzo, incluyó una escala de dos días en Miami y tuvo como destino final la ciudad de Nueva York. En ese contexto, uno de los argumentos centrales es que la aeronave contaba con capacidad para 39 pasajeros y tenía asientos disponibles, por lo que la incorporación de la esposa del funcionario no implicó un gasto adicional.
Otro punto que la fiscal consideró determinante es que el regreso no se realizó con recursos estatales. Según consta en el expediente, Angeletti volvió al país en un vuelo comercial costeado de manera privada, lo que refuerza la idea de que no hubo erogación extraordinaria por parte del Estado.
Desde el entorno de Adorni ya habían defendido esa versión en reiteradas ocasiones. El propio funcionario sostuvo públicamente que la invitación fue cursada desde Presidencia y que los gastos personales fueron afrontados por su cuenta. Además, relativizó las críticas al señalar que es habitual que integrantes de delegaciones oficiales viajen acompañados por sus parejas.
Sin embargo, el episodio no puede leerse de manera aislada. Llega en un momento en el que la situación patrimonial del jefe de Gabinete continúa bajo la lupa judicial, con investigaciones abiertas por presunto enriquecimiento ilícito que incluyen la compra de propiedades, esquemas de financiamiento poco habituales y una serie de declaraciones que todavía buscan ser esclarecidas.
En ese marco, el dictamen de la fiscalía aparece como un intento de descomprimir al menos uno de los flancos del escándalo, aunque difícilmente logre cerrar el tema en términos políticos. La controversia por los viajes, sumada a las dudas sobre el origen y la evolución de su patrimonio, mantiene a Adorni en el centro de la escena y complica los esfuerzos oficiales por desplazar la agenda hacia otros temas.
Además, el caso vuelve a poner en discusión los criterios sobre el uso de recursos públicos y los límites de las comitivas oficiales. La normativa vigente, como la Decisión Administrativa 9/2026 y el Decreto 712/2024, establece restricciones claras sobre la cantidad de integrantes y el uso de aeronaves estatales, aunque también deja márgenes de interpretación que, en este caso, fueron clave para el dictamen fis
