La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó este jueves un nuevo capítulo judicial. La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso presentado por el Ejecutivo y dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado a cumplir parcialmente con la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue aprobada por el Congreso, ratificada por ambas cámaras tras el veto presidencial y que continúa siendo resistida por la administración libertaria.
La decisión fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron inadmisible la apelación oficial al entender que no existía una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. De esta manera, quedó vigente la orden judicial que exige la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados a la actualización salarial de docentes y no docentes universitarios y a la recomposición de programas destinados a estudiantes.
El conflicto se originó a partir de un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades nacionales contra el decreto 759/2025. Mediante esa norma, el Gobierno había condicionado la implementación de la ley a la definición previa de fuentes específicas de financiamiento, una decisión que fue cuestionada judicialmente por considerar que limitaba la aplicación de una ley ya sancionada por el Congreso.
En las instancias previas, tanto la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal como la Cámara de Apelaciones entendieron que existían elementos suficientes para ordenar el cumplimiento inmediato de parte de la norma. Los jueces advirtieron que la falta de actualización salarial podía profundizar el deterioro de los ingresos de docentes y trabajadores universitarios, afectando directamente el funcionamiento de las casas de estudio y el derecho a enseñar y aprender.
Más que una disputa judicial
La resolución de la Corte no implica, por ahora, una definición sobre la constitucionalidad del decreto cuestionado, tema que continuará siendo analizado en el expediente principal. Sin embargo, representa un nuevo revés para el Gobierno en una disputa que ya tuvo múltiples episodios políticos y judiciales desde el veto presidencial a la ley de financiamiento.
La decisión llega además en un contexto marcado por el reclamo sostenido de la comunidad universitaria. Durante los últimos dos años se realizaron cuatro Marchas Federales Universitarias en distintos puntos del país para exigir recursos que permitan garantizar el funcionamiento de las instituciones, recomponer salarios y sostener actividades de investigación, extensión y asistencia estudiantil. Rectores, docentes, no docentes y estudiantes vienen advirtiendo sobre el deterioro progresivo del sistema como consecuencia de presupuestos considerados insuficientes frente al avance de la inflación.
Días antes del fallo, el 10 de junio, el Gobierno había firmado un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios docentes y no docentes. El acta contempla una recomposición de la masa salarial del 24,33%, una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento, un incremento de los fondos destinados a hospitales universitarios hasta los 50 mil millones de pesos y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano. Por ese motivo, la decisión judicial no genera efectos económicos inmediatos, aunque sí fortalece la vigencia de la ley y la obligación estatal de cumplirla.
Mientras el Ejecutivo continúa defendiendo su política de ajuste bajo el argumento del equilibrio fiscal y el “no hay plata”, desde las universidades sostienen que la falta de financiamiento impacta de manera directa en la calidad educativa, provoca una creciente pérdida de docentes que migran al sector privado por los bajos salarios y pone en riesgo áreas estratégicas de investigación y desarrollo. En ese escenario, el fallo de la Corte aparece como un nuevo respaldo institucional a los reclamos de un sistema universitario que sigue exigiendo el cumplimiento pleno de una ley aprobada por el Congreso y respaldada por amplios sectores de la sociedad.
