La firma de un acuerdo salarial entre el Gobierno nacional y parte de las federaciones docentes universitarias no logró cerrar el conflicto en las universidades públicas. Desde sectores que rechazaron la propuesta oficial aseguraron que la disputa salarial sigue vigente y ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza y las acciones de protesta.
La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), Laura Carboni, cuestionó duramente el entendimiento alcanzado por otras organizaciones sindicales y afirmó que existe una falsa percepción de normalización del conflicto.
En declaraciones al programa “Palabras Más Palabras Menos” de FM La Cielo la dirigente sindical advirtió: “Parecería que todo está soldado, que el Gobierno salió airoso y la verdad es que todavía eso no ocurrió”, sostuvo.
Según explicó, la propuesta oficial contempla un incremento total del 24% en dos tramos: un 21,3% a liquidarse en esta etapa y un 3,7% adicional en octubre. Sin embargo, consideró que esos porcentajes resultan insuficientes para recuperar el poder adquisitivo perdido desde la asunción del presidente Javier Milei.
Reclamo por una recomposición mayor
Carboni aseguró que la actualización salarial acordada representa menos de la mitad de lo necesario para equiparar los ingresos con los niveles de noviembre de 2023.
“Calculamos que para percibir salarios equivalentes a los de 2023 y lograr una verdadera equiparación tendrían que estar depositando un 53%, conocida ya la inflación de mayo. El porcentaje ofrecido representa menos de la mitad de lo que debería cobrarse”, afirmó.
En ese sentido, describió una situación crítica para el sector docente universitario y sostuvo que los salarios se encuentran “prácticamente enterrados” tras más de dos años de pérdida frente a la inflación.
La dirigente también cuestionó la forma en que se desarrolló la negociación y calificó la propuesta oficial como una situación de “extorsión”. “Frente a la desesperación que tenemos todos por llegar a fin de mes, era esto o nada”, señaló.
El impacto sobre la Ley de Financiamiento Universitario
Uno de los puntos centrales del planteo de la CONADU Histórica es que la aceptación de la oferta salarial podría debilitar el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, actualmente atravesada por una disputa judicial.
Carboni consideró que la existencia de un acuerdo parcial puede ser utilizada por el Gobierno para demostrar una supuesta voluntad de atender la situación presupuestaria de las universidades, lo que podría restarle urgencia al tratamiento judicial del tema.
“Al aparecer un acuerdo mediando en la exigencia de la ley, le quita fuerza directamente al reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario”, advirtió.
Además, fue especialmente crítica con el rol de la Justicia y cuestionó la demora en resolver la situación. “Es patético porque es una ley que no se aplica y la Justicia es cómplice en ese sentido”, manifestó.
Crece el malestar en universidades
La dirigente también destacó la aparición de nuevas expresiones de organización surgidas desde las bases docentes, por fuera de las estructuras sindicales tradicionales que aceptaron la propuesta salarial.
Según relató, el grupo denominado “Trabajadores universitarios contra el 21%” reunió en pocos días a miles de docentes de distintas universidades del país, reflejando un descontento que continúa extendiéndose.
“La bronca empieza a recorrer facultades, colegios, aulas y pasillos”, sostuvo Carboni, quien remarcó que la comunidad virtual ya supera los 3.000 integrantes.
En ese contexto, confirmó que la CONADU Histórica no levantará las medidas de fuerza y continuará impulsando acciones de visibilización, entre ellas la campaña para reunir un millón de firmas con el objetivo de exigir a la Corte Suprema que avance en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
“Algunos daban por cerrado el conflicto y la verdad es que no es así”, resumió la dirigente, al ratificar que una parte del sistema universitario mantiene abierto el frente de reclamo contra el Gobierno nacional.
