El Gobierno nacional informó este martes que alcanzó un acuerdo con representantes del sistema universitario para avanzar con una recomposición salarial destinada a docentes y no docentes de las universidades públicas, además de una actualización de partidas presupuestarias y becas estudiantiles. Sin embargo, mientras se oficializaron estos anuncios, continúa sin resolución judicial el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y actualmente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.
A través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano, se precisó que la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales docentes y no docentes suscribieron un acta acuerdo que establece una recomposición salarial para el sector universitario.
Según detalló el Ejecutivo, se transferirán a las universidades nacionales los fondos necesarios para incrementar la masa salarial en un 24,33%. Ese aumento se aplicará en dos tramos: un 21,33% sobre los salarios básicos vigentes a mayo de 2026, que impactará desde junio, y un 3% adicional en octubre sobre los básicos correspondientes a septiembre de este año.
Además de la cuestión salarial, el Gobierno anunció una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026. También informó que se destinarán 50.000 millones de pesos adicionales para los hospitales universitarios durante el próximo ejercicio presupuestario.
Cambios en becas y fondos para capacitación
En el mismo comunicado, el Ministerio de Capital Humano indicó que las Becas Manuel Belgrano tendrán una actualización del 50% desde junio de 2026, en una medida orientada a reforzar la asistencia económica destinada a estudiantes de carreras estratégicas.
Por otra parte, se garantizarán los fondos de capacitación para las entidades gremiales docentes y no docentes. El Ejecutivo también señaló que las universidades nacionales deberán rendir los fondos asignados conforme a la legislación vigente.
Pese a estos anuncios, el conflicto por el financiamiento universitario no quedó completamente saldado. El reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por ambas cámaras del Congreso, continúa abierto en la Corte Suprema. La normativa había sido impulsada con el objetivo de establecer mecanismos de actualización automática para salarios y gastos de funcionamiento del sistema universitario, pero su implementación derivó en una disputa institucional que aún espera una definición del máximo tribunal.
De esta manera, mientras el Gobierno busca mostrar avances a partir del acuerdo alcanzado con universidades y gremios, persiste uno de los principales ejes de tensión entre el Ejecutivo y la comunidad universitaria: la discusión de fondo sobre el esquema de financiamiento que debe garantizar el sostenimiento del sistema público de educación superior.
