La causa que investiga una red de espionaje y extorsión, avanza y compromete cada vez más a funcionarios y legisladores de Cambiemos. Por eso, el juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, decidió imputar a las diputadas nacionales Elisa Carrió y Paula Oliveto, así como a la parlamentaria del Mercosur, Mariana Zuvic.
En tanto, también se encuentran en la mira dos piezas claves en el gobierno de Mauricio Macri: la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia, Germán Garavano.
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En síntesis, el hilo de la investigación se desprende de las conversaciones del teléfono del ahora detenido Marcelo Sebastián D´Alessio, quien lideraba esa banda de espionaje. Todo comenzó cuando en febrero el productor Pedro Etchebets grabó una extorsión por parte de D´Alessio, quien lo hacía a nombre del fiscal Carlos Stornelli, y presentó una denuncia al juezgado de Dolores. La detención del falso abogado abrió un portal inmenso que abarca servicios de inteligencia, jueces, fiscales, periodistas y funcionarios.
Según el propio juez Ramos Padilla explicó durante su exposición en el Congreso, las diputadas Carrió y Oliveto fueron nombradas por el propio D´Alessio y ahora, el nuevo peritaje también determinó que el falso abogado tenía una asidua comunicación con un contacto agendado como “Patria Bullrich S6”.
Por estas razones, el magistrado ordenó realizar “un amplio análisis” a los equipos de teléfono de Marcelo D’Alessio para confirmar “si existe algún registro de comunicación” entre el detenido y la ministra.
En un último punto, aunque un poco más intrincado, el ministro de Justicia Germán Garavano también aparece implicado en la causa luego de que fuera denunciado por el ex juez Carlos Rozanski. El ex juez federal de La Plata aseguró que Garavano y el Consejero de la Magistratura Luis María Cabral, lo “extorsionaron” para que renuncie a su cargo. Vale aclarar, Rozanski se mostraba como uno de los jueces “incómodos” para el gobierno de Macri.
Según lo que expuso Rozanski, en una reunión que mantuvo con Garavano y Cabral, se le advirtió que “ya muchos magistrados renunciaron” y lo amenazaron con presentar su renuncia en menos de 24 horas o de lo contrario su familia perdería “toda posibilidad de un ingreso para la manutención”. Rozanski radicó la denuncia en el juzgado de Ramos Padilla, ya que la ex abogada de Leonardo Fariña había revelado que durante una reunión con Garavano y su defendido, el propio ministro le había garantizado que el juez sería desplazado para su beneficio.
Esta denuncia, que por ahora no aparece dentro de las puntas que investiga Ramos Padilla en la mega causa de espionaje y extorsión, presente similitudes con el rol de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a la cual sí forma parte del expediente que tiene en su poder el juez de Dolores: el caso Carzoglio.
Según lo también denunciado por el ex juez de Avellaneda, Luis Carzoglio, dos agentes de la AFI se le presentaron personalmente para intimidarlo y pedirle que detuviera a Pablo y Hugo Moyano. De hecho, le entregaron una orden de detención ya escrita. Carzoglio se negó y más tarde un jury lo destituyó.
Es decir, la pista que une al caso Garavano y Carzoglio, es la utilización de la extorsión por parte de poderes del Estado para desplazar jueces que fallaban en contra del gobierno. Métodos idénticos a los que la banda de D´Alessio y compañía, utilizaron para extorsionar a su favor en otras causas judiciales.
Mientras el fiscal Stornelli continúa “en rebeldía” negándose a declarar, y al compás de las malas noticias en materia económica, el gobierno de Macri también debe enfrentar las duras pruebas que muestran a parte de sus funcionarios implicados en una de las causas más escandalosas de los últimos tiempos, la cual destapó el submundo de los poderes ocultos en el país.
Todo esto claro, si una maniobra judicial de parte de la Cámara Federal de Mar del Plata no atenta contra la causa de Ramos Padilla, intentando descuartizarla para que otros juzgados “amigos”, la investiguen.
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