Este lunes, la Cámara Federal de Casación Penal abrirá una instancia clave para el futuro inmediato de Cristina Fernández de Kirchner. En una audiencia prevista para las 12 en los tribunales de Comodoro Py, se revisarán tres puntos centrales sobre el cumplimiento de su condena por la causa Vialidad: la prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, el uso de tobillera electrónica y el régimen de visitas.
Se trata de una etapa decisiva en el proceso iniciado tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta. Si bien el Tribunal Oral Federal N.º 2 le concedió a la expresidenta el beneficio del arresto domiciliario por razones de edad y seguridad, ahora será la Sala IV de Casación la que tendrá la última palabra, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
La audiencia contará con la presencia de los abogados defensores de la ex mandataria, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, y del fiscal de Casación Mario Villar, quien deberá ratificar o no el planteo de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para que Cristina Kirchner cumpla la condena en una unidad penitenciaria.
Los ejes del debate
Desde el Ministerio Público Fiscal sostienen que no hay razones jurídicas ni de seguridad que justifiquen la domiciliaria. Alegan que el Ministerio de Seguridad de la Nación ya ofreció alternativas carcelarias con condiciones especiales y que el arresto domiciliario rompe con el principio general de que las penas deben cumplirse en prisión. También argumentaron que el departamento de Monserrat no garantiza condiciones para la custodia y genera molestias a los vecinos, según un informe de la Procuración de la Ciudad.
En paralelo, pidieron que si se mantiene la domiciliaria, no sea en ese domicilio, debido a que la zona ya registró incidentes, protestas y presencia constante de personas, lo que pondría en riesgo tanto a la expresidenta como al barrio.
La defensa y los “castigos simbólicos”
Por su parte, la defensa de Cristina Kirchner apeló dos puntos específicos: la tobillera electrónica y las restricciones en el régimen de visitas. Argumentaron que el monitoreo con tobillera carece de sentido en una persona pública con custodia oficial, sin antecedentes de fuga, y que su uso representa una forma de “castigo simbólico” más que un mecanismo real de seguridad.
Además, los abogados rechazaron que personas no incluidas en la lista previa deban pedir autorización judicial para verla. Cuestionaron que ese límite no se aplica en otros casos de prisión domiciliaria y que no hay norma que justifique ese criterio. El ejemplo más resonante fue la reciente visita del presidente de Brasil, Lula da Silva, que debió ser aprobada especialmente.
Qué puede pasar
La expectativa está centrada en si Casación mantendrá los términos actuales de la detención o si modificará las condiciones. El tribunal tiene cinco días hábiles para resolver, pero podría emitir una decisión esta misma semana.
Mientras tanto, Cristina Kirchner continúa detenida en su domicilio tras el fallo que, aunque no incluyó la figura de asociación ilícita, sí la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos.
