La reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei llegará este miércoles al recinto del Senado envuelta en una negociación de último momento, cambios sobre la marcha y un clima político cargado tanto dentro como fuera del Congreso. Tras semanas de idas y vueltas, el oficialismo presentó una versión revisada del proyecto que incluye 28 modificaciones, con el objetivo de asegurar la media sanción en una sesión que se anticipa extensa, áspera y acompañada por una movilización de la CGT frente al Palacio Legislativo.
La encargada de ponerle voz al acuerdo fue la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien encabezó una conferencia de prensa en el Senado para detallar los cambios consensuados con bloques aliados como la UCR, el PRO y fuerzas provinciales. Según aseguró, el dictamen final fue trabajado por 44 senadores y representa, en palabras del oficialismo, “la primera ley laboral en democracia”, una definición que generó más de un gesto de ceja levantada entre la oposición y el movimiento sindical.
Uno de los movimientos clave para destrabar el tratamiento fue la marcha atrás con el artículo vinculado al Impuesto a las Ganancias, un punto altamente sensible para los gobernadores por tratarse de un tributo coparticipable. Tal como estaba redactado originalmente, el esquema afectaba de manera directa los ingresos provinciales, con una pérdida estimada en miles de millones de dólares anuales. Aunque desde la Casa Rosada cultivaron el hermetismo hasta último momento, finalmente el Gobierno aceptó retirarlo, en un gesto político que buscó ordenar voluntades más que zanjar la discusión de fondo.
Qué se negoció para llegar al recinto
La cocina fina de la reforma se terminó de definir en una reunión de la mesa política en Casa Rosas, encabezada por Karina Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, con la presencia de figuras clave del armado libertario. Allí se revisaron los capítulos más conflictivos del proyecto y se evaluó el escenario de votación, con un objetivo claro: alcanzar más de 40 votos para mostrar fortaleza política antes de que el texto pase a Diputados.
En cuanto al contenido, el eje discursivo del Gobierno volvió a apuntar contra lo que denomina la “industria del juicio”, uno de los capítulos centrales de la reforma. El proyecto redefine qué conflictos pueden judicializarse, establece nuevos criterios de actualización de créditos laborales (basados en IPC más un adicional mensual) y busca limitar indemnizaciones que, según el oficialismo, terminaron desbordando cualquier previsibilidad para las empresas.
Otro punto relevante es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, una herramienta pensada para garantizar el cumplimiento de obligaciones al finalizar una relación laboral. El esquema establece aportes diferenciados según el tamaño de la empresa, con porcentajes mayores para pymes y un mecanismo de control que quedará bajo la órbita del Congreso. A eso se suma la registración laboral simplificada y digital, junto con la delimitación de beneficios sociales no remunerativos, un aspecto que también apunta a achicar márgenes de judicialización futura.
La reforma incorpora además figuras como el banco de horas, la flexibilización en la organización de las vacaciones y otros cambios que el Gobierno presenta como una “modernización” del régimen laboral. Todo, claro está, sujeto a la negociación colectiva, un matiz que aparece subrayado en el discurso oficial, aunque genera dudas sobre su aplicación real en un mercado de trabajo marcado por la informalidad y la desigualdad de poder entre partes.
Mientras en el recinto se cuentan votos y se ajustan textos, afuera la CGT ya avisó que no se quedará de brazos cruzados. Dirigentes sindicales anticiparon que, si no se modifican artículos sustanciales, podrían avanzar tanto con medidas de fuerza como con la judicialización de la ley, especialmente en lo referido al derecho a huelga.
Así, la reforma laboral avanza no tanto como una pieza cerrada, sino como un equilibrio precario entre concesiones, presiones y urgencias políticas. El Gobierno confía en obtener la media sanción antes del 1 de marzo y acelerar su tratamiento en Diputados. Pero el verdadero partido, en el Congreso, en la calle y en los tribunales, parece recién empezar.
