-Se pensó un programa muy robusto para ampliar las asignaciones hasta ahora existentes y crear una nueva: la asignación para el cuidado integral de la salud. Además, se amplían la asignación por embarazo, que pasa de seis a nueve meses, y la cantidad de beneficiarios de la asignación por nacimiento y adopción. De salir la ley, no sólo abarcará a las personas que se encuentran en relación de dependencia laboral, sino también a las beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo.
-El plan incorpora otros reclamos de los últimos años, como la Ley de trombofilia
-Sí, se incorpora un abordaje del tratamiento de los embarazos de alto riesgo para su detección temprana, como sucede en los casos de trombofilia. Se establece no sólo el acceso a los medicamentos, sino también el diagnóstico gratuito para una detección precoz. El proyecto también suma un sistema interesante para la documentación de niñas y niños. Sabemos que en la Argentina hay un problema de documentación tardía y creemos que tener el DNI no sólo está vinculado a la identidad, sino también al acceso de derechos. Lo que se plantea es que el Estado acompañe a quienes tienen un proyecto de maternidad. No queremos que ninguna mujer sienta que el aborto es una opción ante la falta de recursos. Buscamos incorporar las asignaciones y los derechos permanentes.
El “Plan de los mil días” fue recibido en el Congreso en simultáneo con el de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. “Son dos proyectos que dialogan entre sí, porque necesitamos hacernos cargo del gravísimo problema de los abortos clandestinos. Desde 1921, el Código Penal establece la penalización de la mujer que aborta, pero no ha logrado reducir el número de abortos, sino que fortaleció la clandestinidad de los mismos”.
-¿Cuáles son las cifras oficiales con las que trabajaron el proyecto de legalización del aborto?
-Sabemos que son miles los abortos que suceden por año, pero no hay cifras oficiales porque son prácticas clandestinas. Lo que tenemos son estimaciones. En el año 2005, a partir de un pedido del Ministerio de Salud, se hizo una estimación validada por métodos internacionales. Se calculó a través de los egresos hospitalarios que hay como mínimo 370 mil abortos clandestinos por año. Es una cifra preocupante que nos interpela, porque son mujeres que atraviesan situaciones muy angustiantes y ponen en riesgo su vida y su salud. En la Argentina se puede acceder a la práctica del aborto en condiciones de seguridad, pero pagando un precio muy alto porque hay un negocio detrás de la clandestinidad. Las mujeres de bajos recursos son las más vulneradas y las que acuden a situaciones dramáticas para interrumpir sus embarazos. Cuando digo ‘dramáticas’, me refiero a que nos espantan las condiciones sanitarias de muchos de esos lugares.
“Las mujeres van asustadas y muchas veces solas. En su desesperación, porque saben que pueden ir presas, terminan teniendo abortos con embarazos un poco más avanzados y ponen en riesgo su salud. Muchas veces queda incluso dañado el aparato reproductivo. Esas mujeres no merecen la cárcel, creemos que necesitan que el Estado las trate con dignidad, las acompañe y que puedan ser cuidadas”, resalta la Secretaria Legal y Técnica.
A lo largo de la entrevista, Ibarra hizo especial hincapié en la necesidad de aplicar la Educación Sexual Integral en todo el país, como una herramienta de prevención para reducir la cantidad de abortos. “Es prioridad que las mujeres puedan acceder a un sistema de información vinculada a la salud reproductiva y que tengan acceso a los métodos anticonceptivos. No queremos que esa mujer repita el círculo de un embarazo no deseado y de nuevo tenga que abortar. Queremos que esa mujer pueda acceder no sólo al sistema de salud, sino también a toda la información necesaria para reducir la cantidad de abortos”.
“Necesitamos también acompañar a las mujeres que consideran que la maternidad forzada no es una opción aceptable” “Necesitamos también acompañar a las mujeres que consideran que la maternidad forzada no es una opción aceptable”
“La discusión es si el aborto es clandestino, con un enorme riesgo para las mujeres, o si se trata de un tema de salud pública. Son dos proyectos que dialogan entre sí, porque dejamos muy en claro el mensaje que, lejos de promover el aborto, lo que queremos es disminuir el número y plantear también el acompañamiento a los proyectos de maternidad deseada. Necesitamos también acompañar a las mujeres que consideran que la maternidad forzada no es una opción aceptable”.
La media sanción del 2018 y el posterior voto negativo en el Senado se dio en el marco de una discusión que corría el foco de la salud pública y se reducía a cuestionamientos morales vinculados a la práctica del aborto. La composición de ambas cámaras cambió poco en estos dos años, pero el Gobierno tiene como objetivo instalar el debate en torno a la salud pública.
“No podemos hacer de cuenta que no pasa nada en la Argentina cuando son miles los abortos clandestinos. Desde la recuperación de la democracia, hay tres mil mujeres que murieron. Eso nos tiene que doler e interpelar. Tenemos entre 38 y 40 mil egresos hospitalarios por año a causa de abortos, según las cifras oficiales. Es un tema del que nos queremos hacer cargo”.
-El proyecto introdujo la objeción de conciencia médica. ¿Cómo se buscan evitar situaciones como las de Uruguay, en donde si bien la práctica es legal, hay ciudades enteras que no tienen médicos dispuestos a realizarla?
-Esa instancia se contempla en la reglamentación. Hemos tomado el compromiso de garantizar el derecho a la objeción de conciencia y también el derecho de realizar la práctica a requerimiento de la persona gestante. Queremos también presentar un proyecto que pueda alcanzar los votos necesarios para ser sancionado. Creemos que tenemos la oportunidad histórica de lograr la sanción de la ley y trabajamos muy arduamente en ese equilibrio; para poder llevar un proyecto con el que podamos interpelar a muchos más sectores de la sociedad.
-Se atendió entonces el reclamo de los sectores que en 2018 se opusieron a la sanción de la ley…
-Hay algunos profesionales que se sienten violentados por sus creencias religiosas ante la situación de atender y facilitar una práctica de aborto. Eso sucede incluso cuando los métodos aprobados por la Organización Mundial de la Salud, en un período temprano que incluye a la semana 14, son seguros, no quirúrgicos y ambulatorios. Esta situación fue atendida. Entonces hemos dicho: esa objeción de conciencia individual puede tener lugar, pero no es absoluta: si corre riesgo la vida y la salud de la mujer debe prestarle atención, como dicta el juramento hipocrático. Dicho esto, en ningún caso se va a poder impedir la práctica.
-Se prevén sanciones penales para los objetores de conciencia que no deriven a la paciente a otro profesional en tiempo y forma
-Exacto. En ningún caso se va a poder impedir la realización de la práctica. Hemos puesto como plazo diez días, porque no queremos que las mujeres que ya han tomado la decisión de interrumpir su embarazo se vean obligadas a que avance. En principio, porque después de la semana 14 el proceso se complejiza y ahí sí hay mayores riesgos para la salud de la persona gestante. Si un profesional es objetor, debe transferir el pedido inmediatamente, en tiempo oportuno y sin dilaciones a otro profesional para que su pedido se cumpla en el plazo de los diez días desde que fue requerido. Vamos a tener mucho cuidado en la reglamentación para respetar la objeción de conciencia, pero garantizar que no se violen los derechos de la persona que requiere la práctica.
-Se contemplan entonces acciones penales para evitar las dilaciones intencionales
-En nuestro país tenemos una situación especial y es que se han judicializado mucho los pedidos, aún aquellos que ya están contemplados por ley. Siempre se han puesto muchos obstáculos. Recuerdo por ejemplo el caso de la chiquita de la provincia de Tucumán, que tenía sólo once años y los médicos que la atendieron terminaron procesados. Fue una situación realmente dramática. Creo que hay mucha objeción de conciencia vinculada a la judicialización. Creemos que una vez que se sancione la ley de interrupción voluntaria del embarazo, va a desaparecer la amenaza del proceso penal para los médicos y las médicas. Además, vamos a trabajar activamente con las provincias, las organizaciones sociales y los movimientos de mujeres para garantizar el trato digno. No se puede violentar un derecho para suponer que respetamos otro. Hay dos derechos en este caso y dos garantías.
Ibarra hizo alusión también a la diferencia territorial del país en términos de garantías de derechos. “La Argentina es un país muy extenso, con muchas diferencias territoriales. Va a ser un trabajo que va a requerir de mucho esfuerzo. El ministro Ginés González García y su equipo están muy comprometidos. Tenemos una expectativa muy importante porque creemos que si se sanciona la ley, van a desaparecer las muertes por abortos clandestinos, se van a reducir las secuelas por abortos mal practicados y se van a disminuir la cantidad de abortos. Sucedió en Uruguay, en Ciudad de México y en los países de Europa: todos han logrado bajar enormemente la mortalidad y la afectación a la salud de las mujeres en estas condiciones”.
La Secretaria Legal y Técnica resalta también la problemática de los abusos sexuales a menores. “Creemos que es necesario visibilizar esa situación. Hay una cantidad de embarazos de niñas y adolescentes que nos alarma, porque son producto de abusos intrafamiliares o en relaciones muy dispares en materia de poder. Las niñas no pueden volver embarazadas a esos hogares, ni decir que quieren abortar. Entonces, deambulan solas con embarazos que siguen avanzando y terminan en situaciones dramáticas. Si esa persona sabe que va a ser recibida por el sistema de salud y podemos trabajar con la educación sexual integral, el escenario es otro.
-El presidente se mostró muy optimista con respecto a los votos en el Congreso. ¿Cómo viene el poroteo?
-Estamos construyendo consensos. Somos optimistas. Si bien no está garantizado, creemos que vamos a poder construir los consensos para la construcción de la ley. Desde el Gobierno nos hacemos cargo de que es un problema de salud pública muy importante y que tiene una demora de muchos años en la Argentina. El proyecto recoge la mayor cantidad de demandas y reclamos para poder garantizarle a la mujer una prestación cuidada. En ese sentido, planteamos un proyecto que pueda interpelar a distintos actores de la sociedad al incluir el Plan de los mil días. Entendemos de que en el año 2018 obtuvimos una media sanción, pero no pudimos sancionar una ley y necesitamos que salga. Necesitamos evitar las muertes evitables, la afectación de la salud y salir de la clandestinidad.
A diferencia del proyecto presentado por la Campaña Nacional, el del Gobierno mantiene la penalización de la mujer que decide abortar después de la semana 14. ¿Buscan con esto garantizar la sanción?
-A partir de la semana 14 se considera que ya no es legal, con una pena prevista muy baja que va de un mes a un año; que además puede ser dejada de lado ante circunstancias especiales acreditadas. Tenemos también allí una mirada humanitaria respecto de la situación planteada. Estamos convencidos de que plantear y sancionar una ley de interrupción nos va a permitir llegar a las personas gestantes, con identidades de género con capacidad de gestar. Van a tener un sistema de salud que espera atenderlas, no sancionarlas, denunciarlas o perseguirlas penalmente. La pena es baja y ante una situación humanitaria, se puede dejar de lado. Esto también se vincula con una interpelación a sectores sociales a los que les tenemos que explicar que las mujeres no nos embarazamos para abortar. Nos puede suceder que tengamos un embarazo no intencional, pero el aborto no es un momento grato en la vida de ninguna mujer. Generalmente muchas llegan muy solas y tardíamente a la atención. A veces han sido hasta abusadas y no tienen quién las ayude. En síntesis: el proyecto recoge una norma similar a la que estaba establecida en la media sanción, pero con menos pena.
El debate será corto. Desde el oficialismo buscan tomar como base los meses de tratamiento que tuvo el proyecto en el año 2018. “Fue un debate muy amplio en el que se habló y se preguntó todo. Concurrieron todos los oradores. Ese material está a disposición de los legisladores, eso ya me lo confirmó el presidente de la Cámara de diputados, Sergio Massa. No tiene sentido repetirlo, sería tiempo perdido que no aportaría nada, porque nada ha cambiado de ese tiempo hasta ahora”.
“Esperamos que sea un debate respetuoso, recogiendo la diversidad de ideas, opiniones y valores. Argentina es un país que tiene libertad de expresión y libertad religiosa. Para muchas personas la vida espiritual es algo muy importante y somos muy respetuosos de ello. La creencia propia tiene un enorme valor y uno tiene el derecho a poder ejercerla sobre sí; pero no a extrapolarla. Estamos tratando de atender una situación para las mujeres que no aceptan una maternidad forzada. No queremos que se vea vulnerada su salud, ni su vida. Queremos un debate cuidadoso, sin violencia, ni descalificaciones”.
-¿Anticipan un debate en donde se vuelva a plantear la defensa de las dos vidas como principal argumentación en contra de la legalización?
-Nosotros también defendemos profundamente la vida y la salud. Si creemos que estamos defendiendo la vida, estamos fracasando rotundamente porque tenemos no menos de 370 mil abortos clandestinos por año. La discusión no es aborto sí o aborto no, nos ha superado la realidad. Uno tiene que legislar sobre la realidad que tiene, no sobre la que cree que puede tener. No podemos mirar para otro lado. El otro día estuve mirando cifras de Estados Unidos: se practican 600 mil abortos por año. Eso demuestra que la maternidad forzada no es una opción para una inmensa cantidad de mujeres. Como esto sucede, más allá de la mentalidad de quien sea, los que nos tenemos que hacer cargo de esta situación para defender la vida y la salud; disminuir la cantidad de abortos y la cantidad de embarazos no intencionales. Defendemos la vida, queremos disminuir la cantidad de muertes evitables y no queremos mirar para otro lado ante un grave problema de salud pública. Ahora, mientras estamos hablando acá, está sucediendo en condiciones horrorosas para las jovencitas y las mujeres grandes también.
-¿Anticipan un escenario de conflicto con la Iglesia?
–No vamos a polemizar ni con la Iglesia católica, ni con otras iglesias. Somos muy respetuosos de las miradas y las doctrinas de cualquier religión. Nosotros estamos actuando en un estado laico y proponiendo una ley civil. No obligamos a nadie, ni se nos ocurriría hacerlo. Queremos tener una política de salud pública para disminuir la cantidad de embarazos no intencionales y por lo tanto la cantidad de abortos. Es muy importante llevar la educación sexual integral a todo el país, tener campañas que den cuenta de la gravedad de lo que sucede con el abuso de niños. Ese va a ser un trabajo que es muy urgente, pero que requiere una consistencia en el tiempo. Necesitamos que se visibilice el abuso de niñas y adolescentes, que se entienda que las relaciones sexuales no consentidas son delitos y agravios a los derechos humanos. Son situaciones gravísimas que marcan para siempre la vida de una mujer. Es necesario seguir trabajando para que no se naturalicen los abusos y que sean condenados y repudiados.
-El proyecto contempla también la posibilidad de que las menores puedan solicitarlo
-Sí. Con respecto a la atención de las niñas, hay un problema muy grave y es que el embarazo es de riesgo. El aborto hasta la semana 14 es una práctica segura y ambulatoria. Si la niña quiere abortar, se debe respetar su decisión y acompañarla. El código civil y comercial que rige en la Argentina y el protocolo ILE así lo establecen. La media sanción del 2018 también lo establece. Si la práctica no tiene riesgo para la vida y la salud, la niña puede requerir el aborto. Esa niña debería estar en la escuela y jugando, no con un embarazo forzado. Eso pone en riesgo su vida y su salud mental. Esperamos que el Estado pueda estar allí también para reparar esos hechos.
-¿Se especificarán los métodos para la práctica o quedarán a criterio de los profesionales médicos que, en muchos casos, optan por técnicas más invasivas como el raspaje?
-Nuestra intención es cuidar la salud de las mujeres con las prácticas validadas en el mundo. En la reglamentación vamos a poner las normativas para que sea el método más seguro y que el Estado dé acceso a la medicación necesaria para garantizar la práctica. Esto va a requerir un enorme esfuerzo de trabajo, pero queremos que las mujeres sean atendidas en su dignidad como corresponde.
