La Isla Santiago, un emblemático pulmón verde situado en el partido de Ensenada, vuelve a encontrarse en el centro de un fuerte debate ambiental y de control territorial. La organización no gubernamental Nuevo Ambiente ha emitido un severo comunicado donde alerta sobre el avance incesante de usurpaciones, talas indiscriminadas de arbolado nativo, movimientos de suelo y quemas intencionales en zonas vulnerables del monte ribereño. Esta serie de maniobras, advertidas de manera directa por los propios pobladores e isleños durante las últimas 48 horas, reaviva la alarma sobre la alarmante falta de fiscalización estatal en áreas declaradas constitucional y legalmente bajo regímenes de especial protección ambiental y patrimonio natural.
El escenario resulta especialmente complejo por la ubicación y las características de las parcelas impactadas. Según precisó la entidad ecologista, los movimientos con maquinaria pesada y la posterior quema de vegetación nativa tuvieron lugar en cercanías del puesto de la Prefectura Naval Argentina y a escasos metros del margen del Río de la Plata. Dicha geografía no representa un terreno vacante cualquiera: forma parte indiscutible del monte ribereño y cuenta con la calificación de zona intangible bajo los términos de la Ley Provincial 14.888 de Bosques Nativos. A su vez, la totalidad de la Isla Santiago, al igual que la vecina Isla Paulino en Berisso, está amparada por la legislación que la declara Paisaje Protegido de Interés Provincial, exigiendo por parte de los municipios y la gobernación bonaerense un resguardo activo e inquebrantable.
A pesar del robusto marco normativo que procura blindar estos ecosistemas frente al desarrollo irreflexivo o el avance ilegítimo, la ONG sostiene que las intervenciones irregulares se han naturalizado bajo la mirada permisiva de las autoridades de Ensenada. La preocupación institucional y social radica en que la pérdida irreversible de estratos arbóreos, humedales y vegetación autóctona destruye el ecosistema que sirve de amortiguador frente a las crecidas del río, degrada el hábitat de fauna silvestre y desnaturaliza de forma irreparable la identidad colectiva de la franja costera del sur bonaerense.
“La Justicia ordena y los municipios siguen mirando para otro lado”
La gravedad institucional del episodio no se limita exclusivamente al daño ecológico emergente, sino a la flagrante desobediencia de pronunciamientos judiciales recientes. Desde Nuevo Ambiente recordaron con enfado que, apenas unas horas antes de que se registraran los últimos movimientos de máquinas y desmontes, la Cámara de Apelaciones ratificó distintos planteos formulados por la organización en favor de la tutela de la biodiversidad isleña. Los fallos ratifican formalmente la necesidad imperiosa de implementar medidas cautelares y establecer marcos formales para garantizar un manejo ambiental riguroso en todo el espacio insular.
No obstante, las sentencias dictadas en el ámbito judicial parecen no tener correlato concreto sobre el terreno. Miembros de la organización expresaron un duro repudio contra la inacción y la falta de voluntad operativa exhibida por la gestión del Municipio de Ensenada. Denuncian la existencia de una peligrosa contradicción en la función pública, donde convive un discurso formalista de apego a las instituciones con una omisión sistemática en la calle, donde no se inspecciona, no se paralizan las máquinas ni se sanciona a quienes lotean e intervienen indebidamente sobre el suelo costero de forma constante.
Las críticas también apuntan a la asimetría con que se trata el suelo insular frente a los intereses económicos e inmobiliarios emergentes. Desde la ONG remarcaron que el ecosistema no puede ser catalogado ni tratado como un terreno baldío listo para ser loteado, comercializado o cedido informalmente. Por el contrario, recalcaron que la Isla Santiago forma parte indiscutible del patrimonio natural de toda la comunidad, lo que obliga a los gobiernos locales y provinciales a actuar preventivamente en lugar de reaccionar cuando los daños ambientales sobre los ecosistemas ribereños ya son definitivos e irreversibles.
Planes de manejo: una deuda que sigue creciendo
El trasfondo conceptual de la problemática radica en la histórica ausencia de un instrumento unificado de planificación: el Plan de Manejo Ambiental. Desde hace años, profesionales del sector y ONG ambientalistas vienen exigiendo que se promulgue e instale de manera urgente esta herramienta técnica. Su elaboración permitiría regular de forma transparente qué actividades productivas, recreativas o habitacionales están permitidas, determinar con precisión la capacidad de carga del ecosistema insular y definir protocolos estrictos de protección frente a contingencias o emergencias climáticas.
Un Plan de Manejo actualizado resulta indispensable para abordar cuestiones socioambientales básicas pero urgentes, tales como la adecuada conducción y tratamiento de los efluentes cloacales producidos en las islas. Actualmente, la falta de redes de saneamiento homologadas deriva en volcados directos e incontrolados sobre los cursos de agua que rodean la región. Asimismo, la falta de infraestructura ambiental agrava el riesgo ante la proliferación de incendios forestales intencionales, un flagelo recurrente que devasta hectáreas de masa forestal por la carencia de brigadas y protocolos específicos de rápida intervención territorial.
Frente a la consolidación de un escenario signado por la fragilidad climática global, el estancamiento de la planificación estatal constituye una falla grave. La ausencia prolongada de controles efectivos, sumada al vencimiento sistemático de los plazos legales previstos para la presentación de dichos planes ante la autoridad ambiental bonaerense, convierte a la Isla Santiago en un territorio sumamente vulnerable ante cualquier intento de expansión irregular, donde las improvisaciones y la falta de presencia del Estado multiplican los riesgos para la estabilidad biológica del área.
“Los Ciruelos”: antecedentes que vuelven a encender las alarmas
El conflicto actual no se trata de un evento aislado dentro de la cronología reciente de Ensenada. Desde la organización ambiental se encargaron de recordar que, hace poco más de sesenta días, formularon una denuncia formal referida a la proliferación de construcciones irregulares, viviendas tipo bungalow y loteos clandestinos en el sector insular conocido como ‘Los Ciruelos’, emplazado en cercanías del margen directo del Río de la Plata.
En aquella oportunidad, las acciones presentadas ante el Fuero Contencioso Administrativo derivaron en una medida cautelar de primera instancia que prohibía de forma tajante la realización de subdivisiones, obras civiles, movimientos de suelo y deforestaciones. Paralelamente, las propias autoridades municipales de Ensenada debieron admitir que las edificaciones cuestionadas carecían por completo de permisos, habilitaciones o carpetas de obras aprobadas. Sin embargo, pese a las evidencias documentales y al respaldo de la Justicia, los avances sobre el territorio continuaron bajo distintas modalidades.
Para los ecologistas, el resurgimiento de quemas y maquinaria en zonas aledañas demuestra con claridad la insuficiencia de las meras notificaciones en papel si estas no vienen acompañadas de controles físicos en el territorio y clausuras efectivas. Advirtieron que el incumplimiento continuado de los fallos erosiona la credibilidad de las instituciones y envía un mensaje sumamente peligroso a quienes buscan convertir el suelo insular en un activo para emprendimientos inmobiliarios no autorizados o asentamientos ilegales.
El último reporte elaborado a partir del alerta de vecinos describe escenas que reafirman la gravedad del daño infringido al paisaje protegido. En el área denunciada, diversos operarios apoyados por maquinaria de gran porte llevaron a cabo desmontes masivos, eliminando franjas enteras de bosque nativo y procediendo luego a la quema deliberada de los restos vegetales. Estas acciones suelen preceder al nivelado del terreno y al marcado de loteos informales, consolidando hechos consumados de ocupación indebida en predios fiscales e intangibles.
Quemas y maquinaria pesada sobre el monte ribereño
Frente a esta coyuntura, la ONG instó a la Justicia y a los organismos de contralor ambiental de la provincia de Buenos Aires a fiscalizar de manera directa y urgente el polígono afectado. Exigen la inmediata paralización de los trabajos, el secuestro de la maquinaria utilizada en el lugar y la identificación penal de los responsables materiales e intelectuales detrás de las quema e invasiones.
Finalmente, las autoridades de Nuevo Ambiente reafirmaron su compromiso de profundizar la batalla legal e institucional. Aseguraron que continuarán ampliando sus denuncias ante la fiscalía en turno y exigiendo que los municipios de la región dejen de ser permisivos con el avance inmobiliario sobre los recursos naturales costeros. Concluyeron enfatizando que la Isla Santiago no puede quedar abandonada a su suerte ni transformarse en una zona liberada al margen de la ley.
