El fiscal que lleva adelante la causa que investiga los supuestos abusos sexuales cometidos por el sacerdote Tulio Matiussi y otras dos personas a niños de un jardín de infantes de la localidad bonaerense de San Pedro pidió la elevación a juicio oral.
En la víspera del Ni una Menos, el fiscal de Baradero Hernán Granda pidió la elevación a juicio de la causa por “abuso sexual simple agravado” contra Matiussi (47) y otras dos personas acusadas de haber agredido sexualmente a cinco niños de entre tres y cuatro años en el jardín de infantes donde el cura se desempeñaba como representante legal.
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El portero Anselmo Ojeda y la preceptora María Lujan Rubies están imputados, como el sacerdote, de abuso sexual simple doblemente agravado.
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En el caso del cura, porque “se encontraba bajo su cargo la educación (de los menores) y además resultaba ser ministro del culto”; y, en los otros dos casos, “por encontrarse los niños bajo su guarda puesto que ejercía frente a la ausencia de los padres la custodia de los niños” en el jardín Belén de San Pedro.
En el pedido de elevación a juicio, el fiscal señaló que “tales actos ocurrían en la sede del Jardín Belén, específicamente en la sala y en la zona de baños y en las partes comunes como ser cocina, patio y SUM, y en la iglesia San Roque contigua al jardín donde el señor Mattiussi oficiaba como sacerdote”.
Carla Vitale, la madre de una de las niñas abusadas y denunciante en la causa aseguró que “se trata de una buena noticia” para las familias “en día de basta de violencia y ni un abuso más”, pero pidió mayor “compromiso social” de la comunidad y “que todo aquél que sepa algo o pueda colaborar, lo haga”.
“Para nosotros es un camino súper doloroso, triste y angustiante, pero seguimos adelante y dejamos la vida porque le prometimos a nuestros hijos luchar hasta las últimas consecuencias no sólo por ellos sino por todos para que esto no vuelva a pasar”, dijo.
“Basta de depravados. Nosotros tenemos que poder confiar en quienes dejamos el cuidado de nuestros hijos y que esta sociedad sea más sana: para eso tiene que haber justicia”, agregó.
Tras haber permanecido cinco meses detenido, el sacerdote espera el juicio en libertad mientras que el portero cumple prisión preventiva efectiva y la preceptora aguarda en su domicilio.
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