El 27 de septiembre de 1993, una vivienda ubicada en la calle 25 de Mayo 319, en Avellaneda, se convirtió en escenario de una tragedia ambiental sin precedentes. Un derrame de sustancias químicas en la red cloacal provocó la formación de ácido cianhídrico, gas altamente letal, que ingresó al domicilio a través de una rejilla.
La consecuencia fue inmediata y devastadora: murieron cuatro integrantes de una misma familia y, poco después, tres profesionales de la salud —una médica, un enfermero y un camillero— que acudieron para socorrerlos.
Un fallo que se hizo esperar
El hecho impactó de lleno en la conciencia pública, al poner en evidencia la fragilidad de los sistemas de control ambiental y la ausencia de protocolos de emergencia para enfrentar catástrofes químicas en áreas urbanas.
Tanto fue así que dos años después, en 1995, el Congreso sancionó la Ley 24.604 que instauró el 27 de septiembre como Día Nacional de la Conciencia Ambiental, en memoria de las víctimas.
Pasaron 32 años desde aquel episodio y, finalmente, la Justicia dio una respuesta concreta a los reclamos de las familias: la Cámara Federal de La Plata confirmó la indemnización para los parientes de una de las víctimas, responsabilizando tanto a organismos estatales como a empresas privadas por la tragedia.
La sentencia y los responsables
El fallo, firmado por los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, determinó responsabilidades compartidas. La Municipalidad de Avellaneda cargará con el 30 % de la culpa, por no controlar adecuadamente la actividad industrial en su distrito.
El Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires deberán asumir un 15 % cada uno, mientras que Aguas Argentinas fue condenada con un 5 %. El resto de la responsabilidad recae sobre dos actores privados: la empresa Transporte García S.R.L. y un establecimiento a cargo de Manuel Sánchez, señalados como responsables directos de los vertidos que originaron la reacción química letal.
El fallo no solo confirma la obligación de indemnizar, sino que además establece una línea clara de corresponsabilidad entre lo público y lo privado. Más allá de las sumas económicas, cuyo detalle todavía se mantiene bajo reserva en el expediente, el mensaje es contundente: hubo negligencia estatal y también imprudencia empresarial.
Este desenlace judicial se produce después de 3 décadas de reclamos, en las que familiares y sobrevivientes lucharon contra la burocracia y la dilación de los procesos. La resolución llega como un alivio tardío, aunque no compensa el vacío de vidas truncadas en cuestión de minutos.
Un símbolo de conciencia ambiental
La tragedia de Avellaneda no fue un caso aislado: se transformó en un punto de inflexión en la relación entre sociedad, medio ambiente y Estado.
La creación del Día Nacional de la Conciencia Ambiental buscó recordar la importancia de prevenir, fiscalizar y educar frente a riesgos químicos. Sin embargo, la demora judicial deja en blanco sobre negro las dificultades de un país en el que la justicia ambiental suele llegar demasiado tarde.
El caso, además, expuso la necesidad de replantear los sistemas de control: las sustancias que dieron origen al ácido cianhídrico fueron vertidas por empresas que operaban con habilitaciones precarias, bajo la mirada permisiva de autoridades que no actuaron a tiempo. El gas se acumuló en las cloacas hasta liberarse en forma letal.
Una pregunta que queda siempre flotando como ese ácido es: ¿hoy esta situación sería imposible que se repitiese?
Treinta y dos años después, la sentencia busca cerrar al menos un capítulo pendiente: la reparación económica para quienes perdieron a sus seres queridos. Pero también deja una advertencia: sin controles efectivos ni prevención, la historia nunca está exenta de miedos, sospechas e incertidumbre.
