A diez días de que se cumpla un año de la represión frente al Congreso que dejó al borde de la muerte al fotoperiodista Pablo Grillo, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso presentado por la defensa del gendarme Héctor Jesús Guerrero y confirmó su procesamiento por las lesiones graves que sufrió el trabajador de prensa.
La decisión fue adoptada por la Sala II del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Alejandro W. Slokar, Guillermo J. Yacobucci y Ángela E. Ledesma, quienes declararon inadmisible la queja contra la confirmación del procesamiento. En su resolución, el tribunal sostuvo que “en el caso existe doble conformidad judicial” y que la defensa “no ha argumentado adecuadamente la existencia de una cuestión federal” que habilite la instancia extraordinaria.
Guerrero está procesado por el delito de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función en concurso real con abuso de armas agravado por abuso de función, reiterado en cinco oportunidades. La investigación está a cargo de la jueza María Servini y del fiscal Eduardo Taiano, quienes reconstruyeron lo ocurrido el 12 de marzo de 2025 durante la marcha en defensa de los jubilados.
Ese día, en el marco de un operativo represivo desplegado bajo el llamado “protocolo antipiquetes” impulsado por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, hoy senadora nacional por La Libertad Avanza, Guerrero se encontraba junto a un camión hidrante de la Policía Federal en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Solís. Desde allí efectuó varios disparos con una pistola lanzagases marca “Federal y Halcón”.
Un año después, las secuelas
Según las pericias balísticas y los análisis de registros audiovisuales aportados por distintos medios y por el colectivo “Mapa de la Policía”, el efectivo disparó de manera casi horizontal, con una inclinación de apenas 1,5°, en abierta contradicción con los protocolos que ordenan efectuar los disparos en parábola hacia arriba para reducir la energía del proyectil. A las 17:18:05, uno de esos cartuchos impactó en la cabeza de Pablo Nahuel Grillo, que se encontraba a unos 50 metros, en cuclillas, tomando fotografías.
El impacto le provocó una fractura expuesta de cráneo y hematomas cerebrales severos. Fue sometido a múltiples cirugías, incluida una craneoplastía bilateral en el Hospital Ramos Mejía. Su recuperación fue lenta y crítica. Recién hace algunas semanas pudo volver a su casa en Lanús, con secuelas neurológicas y motoras que exigen tratamiento diario y una vida radicalmente distinta a la que llevaba antes de aquella jornada.
Grillo cubría la movilización como fotógrafo y también como militante. Sí, militante. Pero nada de eso justificaba, ni justifica, que un disparo ejecutado en forma antirreglamentaria lo dejara al borde de la muerte. Según relató su familia, todavía atraviesa días en los que las tareas más básicas se vuelven un desafío: hay jornadas en las que apenas puede comer y continúa adaptándose a una nueva rutina marcada por las consecuencias del cartucho de gas lacrimógeno que impactó en su cabeza.
El avance en su recuperación le permitió firmar un escrito para presentarse como querellante en la causa en carácter de “víctima directa de los delitos cometidos por el Cabo Primero Héctor Jesús Guerrero y demás integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina y Ministerio de Seguridad Nacional que se encuentran bajo investigación”.
El caso de Grillo se convirtió en el símbolo más crudo de una política de seguridad que, bajo el discurso del orden, habilitó prácticas represivas desmedidas. Hace apenas una semana, un camarógrafo de A24 fue brutalmente golpeado por fuerzas de seguridad en otra cobertura. La confirmación del procesamiento de Guerrero es, por ahora, una señal judicial en medio de una discusión más amplia: hasta dónde puede llegar el uso de la fuerza estatal y quién responde cuando esa fuerza casi le cuesta la vida a un trabajador de prensa.
