El operativo de seguridad desplegado este miércoles en las inmediaciones del Congreso dejó una escena que encendió una vez más las alarmas en torno al vínculo entre el Gobierno y la prensa.
En medio de una protesta contra el tratamiento legislativo de la Ley de Glaciares, un camarógrafo de la señal A24 fue golpeado, gaseado y detenido por efectivos policiales mientras realizaba su tarea profesional.
El camarógrafo Facundo Tedeschini y la cronista, Agustina Binotti, grababan una protesta de activistas de GGreenpeace.
Avance sobre la prensa
El episodio ocurrió durante un amplio despliegue de fuerzas federales que incluyó vallados, cordones policiales y el uso de agentes químicos para dispersar a manifestantes.
En ese contexto, el trabajador de prensa se encontraba filmando a escasos metros del Congreso, identificado con credencial visible y cámara al hombro, cuando fue interceptado por uniformados.
Las imágenes registradas por otros equipos muestran el momento en que el camarógrafo es reducido con violencia, rociado con gas pimienta y retirado del lugar por la fuerza.
En el video se escucha a colegas gritar que se trata de un periodista en funciones, mientras el operativo continúa sin interrupciones. Minutos después, el trabajador fue liberado, con visibles signos de haber recibido golpes en el rostro.
Un operativo bajo cuestionamiento
La actuación policial se dio en el marco de un operativo ordenado por el Ministerio de Seguridad, que había establecido el clásico e ilegal protocolo para las movilizaciones frente al Congreso.
Sin embargo, el procedimiento aplicado sobre los equipos periodísticos volvió a mostrar los límites difusos entre el “control del espacio público” y el avance directo sobre el trabajo de prensa.
Durante la misma jornada, otros periodistas denunciaron haber sido alcanzados por gas pimienta mientras cubrían los incidentes. Ninguno de ellos participaba de la protesta ni se encontraba fuera del área de cobertura habitual.
El común denominador fue la intervención policial sobre trabajadores debidamente identificados, en una zona donde la presencia de medios era constante desde horas antes.
Silencios oficiales y antecedentes
Todavía no hubo explicaciones oficiales sobre el accionar contra el camarógrafo ni precisiones sobre la cadena de mando del operativo. Tampoco se informó si se iniciaron actuaciones internas para determinar responsabilidades. Desde el Gobierno no se emitió ningún comunicado específico sobre el episodio.
El hecho se suma a una seguidilla de situaciones registradas en las que operativos de seguridad terminaron afectando a trabajadores de prensa durante coberturas callejeras. El caso del fotógrafo Pablo Grillo fue quizás el más emblemático y el que permitió poner en foco la brutal represión de las fuerzas de seguridad federales.
En este caso, la agresión quedó también documentada en video y generó un inmediato repudio de organizaciones periodísticas.
Mientras el Ministerio de Seguridad insiste en que sus fuerzas actúan para prevenir desbordes, las imágenes del 26 de febrero muestran otra postal, la de un camarógrafo reducido en plena cobertura, en una escena que muchos colegas describieron como “un mensaje directo hacia la prensa” en el marco de un clima de tensión creciente entre el poder político y los medios de comunicación.
