El conflicto que atraviesa la educación superior en Argentina por la Ley de Financiamiento Universitario sigue sumando capítulos, la reciente intimación del Gobierno Nacional a los rectores para garantizar el dictado de clases ha sido recibida como una medida de comunicación política. En una entrevista realizada por “Palabras más, palabras menos” de LA CIELO FM 103.5 Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y ex presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se expresó al respecto “a propósito siempre este gobierno da vuelta todo, desconocimiento total de legislación, de de la Constitución Nacional”. Para el directivo, la nota enviada desde el Ejecutivo busca responsabilizar a las autoridades académicas por un conflicto que, según su visión, fue provocado desde la propia Casa Rosada.
El impacto del ajuste es 50% menos de salario en dos años
La base del conflicto no es académica, sino estrictamente presupuestaria. Alpa detalló que el sistema enfrenta una situación límite tras más de 24 meses de retracción. “Hace ya más de 2 años que venimos planteando el gobierno que con esta reducción que ya es casi el 50% del presupuesto nacional en estos 2 años nuevamente imposible seguir operando trabajando gestionando”, denunció el rector. Esta asfixia financiera se traduce en una fuga de talentos, ya que hoy existen “renuncia docente y no docentes”, lo cual representa, en sus palabras, un “perjuicio para el futuro del país”.
En este contexto, la intimación para que no haya paros resulta, para los rectores, una contradicción lógica. Alpa ironizó sobre la postura del Ejecutivo, “es una barbaridad que hagan este planteo diciendo bueno hemos generado todos estos problemas pero arreglan ustedes”. Según los registros del CIN al mes de marzo, la pérdida del poder adquisitivo alcanzó el 45,6 por ciento, cifra que se agrava al sumar los meses subsiguientes, consolidando una pérdida del 50 por ciento del salario en poco más de dos años.
Autonomía versus intervención: el rol del Poder Ejecutivo
Uno de los puntos de mayor fricción radica en el desconocimiento de la jerarquía institucional de las universidades. Alpa recordó que, desde la reforma de 1918, las casas de estudio gozan de una autonomía que el actual Gobierno parece ignorar al tratarlos como subordinados. “El sistema universitario tiene autonomía del Poder Ejecutivo, depende del Poder Legislativo ya que el Poder Legislativo las crea”, explicó. Bajo este marco legal, el rol del Gobierno es meramente administrativo, “lo único que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es cumplir con la ley de financiamiento es decir lo que dice la ley transferirle a las universidades”.
Sin embargo, el rector denuncia que el Ejecutivo intenta inmiscuirse en áreas que no le corresponden, planteando la situación “como si fuera un empleado del estado del Poder Ejecutivo”. En realidad, el Gobierno no tiene facultades para “designar rectores o designar docentes”, ya que el sistema cuenta con sus propios mecanismos de control a través de la Auditoría General de la Nación.
La batalla por la opinión pública y el reclamo de paritarias
Para las autoridades universitarias, la intimación vía correo electrónico es, en realidad, un gesto para las audiencias digitales. “Esto es para las redes, es para dar vuelta todo el tema comunicacional porque es en realidad el mismo CIN el que ha estado legalmente intimando al Gobierno a que cumpla con la ley”, reveló Alpa. El objetivo sería, según su análisis, “hacer creer que el problema es de las universidades y no es del gobierno”.
A pesar de la fragmentación en las medidas de fuerza entre las seis federaciones docentes —donde “hay clases que se dan y hay clases que no se dan” dependiendo del pensamiento de cada cátedra—, el pedido del sector es unánime. “Lo que tienen que hacer es empezar a llamar a paritaria urgente”, sentenció el rector de la UNLPam, subrayando que hoy “el gran responsable de lo que está pasando en el sistema universitario es el Poder Ejecutivo Nacional”. Con fallos favorables en primera y segunda instancia en un recurso presentado por 49 universidades, la justicia parece empezar a dar la razón a un reclamo que Alpa define como un “grito desesperado” por la supervivencia de la universidad pública.
