La sesión estuvo atravesada por temas de coyuntura nacional, como la intención de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, Teresa García, presidenta del bloque UC dijo: “Cuando se firme con el FMI se les va a pegar una piña a todas las provincias obligándolas al ajuste”.
Los legisladores sancionaron la quita de conceptos que tenían como destino a la provincia, pero no se avanzó en el caso de las que iban a las arcas municipales. Además, se aprobó el proyecto modificatorio del artículo 75 de la ley 11769 referente a la quita del 6 % de la factura de luz y el artículo 57 de la ley 13404 que establece “la contribución” que abonan por mes los prestadores de los servicios sanitarios de agua y cloacas a los municipios, y que representa una quita en la factura del 4%. UC-FpV, PJ UyR y FR no acompañaron al oficialismo.
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“Estamos muy alarmados por el regreso del Fondo Monetario Internacional a nuestro país. Todos los argentinos conocemos las condiciones durísimas que imponen para acceder al crédito. Esa situación se va a trasladar a nuestra Provincia porque la gobernadora Vidal es la mejor alumna de Macri”, advirtió García, quien sostuvo que “las consecuencias de un acuerdo con el Fondo son siempre las mismas: menos obras, despidos en el sector público, baja de jubilaciones, baja de subsidios, flexibilización laboral”.
Una nutrida comitiva de intendentes del peronismo bonaerense se hizo presente anoche en la Cámara de Diputados de la Nación para manifestar su respaldo al proyecto opositor que declara la “emergencia tarifaria”, para de esa forma morigerar el aumento de las tarifas.
La foto en el salón de Pasos Perdidos del Congreso incluyó a los jefes comunales de La Matanza, Verónica Magario; Merlo, Gustavo Menéndez; Escobar, Ariel Sujarchuk; Ensenada, Mario Secco; Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz; Esteban Echeberría, Fernando Gray; Ituzaingó, Alberto Descalzo; Cañuelas, Gustavo Arrieta y de Florencia Varela, Andrés Watson.
Pero la paradoja es que estos intendentes opositores, en el Senado de la provincia de Buenos Aires, están resistiendo una ley, empujada por Cambiemos, que estaría buscando disminuir las tarifas de electricidad y agua, en un 6 % y un 4 % respectivamente.
Se trata de un anuncio realizado por la Gobernadora Vidal y que estaría redondeando una disminución del 15,7 % en la tarifa de luz y en un 6,3 % en la de agua y que se ejecutan a través de un decreto de la propia titular del Poder Ejecutivo y se complementa con una ley que deberá sancionar la legislatura.
Los intendentes opositores tienen sus propios proyectos y no están de acuerdo con la propuesta del oficialismo que sin solución de continuidad logró despacho de mayoría en la comisión de Presupesto e Impuesto de la Cámara alta que preside el bahiense Andrés De Leo.
Los intendentes peronistas unificaron postura en un despacho de minoría que elimina esas cargas de la factura de luz y agua pero establece que la provincia debe igual girar esos montos a los municipios.
El massismo, por su parte, propone también la eliminación de esos porcentajes que se trasladan a los usuarios pero habilita a los municipios a cobrar las correspondientes tasas municipales a las empresas distribuidoras.
Los intendentes opositores de los diferentes espacios se resisten a perder el ingreso a sus arcas de unos 2 mil millones de pesos, es por ello que resisten la avanzada de la propia Gobernadora que tras resignar los fondos provinciales que se incluían en las facturas, por la vía del decreto, al mismo tiempo propuso a la legislatura eliminar los conceptos municipales a través de una iniciativa que fue desdoblada y que ahora está en tratamiento una de sus partes. La otra ya fue sancionada.
Obviamente que hasta aquí parece imponerse el proyecto del oficialismo que en el Senado no necesidad de aliados extra Cambiemos, aunque todos son conscientes que sí lo va a necesitar en la Cámara de Diputados que comanda Manuel Mosca.
Y es precisamente Mosca quien está tratando de hacer comprender la necesidad de avanza en entendimientos políticos con los intendentes opositores para garantizar un final de trámite sin sobresalto pero al mismo tiempo, y fundamentalmente, hacer más sustentable la norma que la legislatura finalmente sancione.
No obstante, los senadores parecen estar dispuestos a avanzar sin reparar en las necesidades políticas de los diputados y en parte del propio gobierno. Veremos qué pasa.
Por otra parte, no habría mayores sorpresas respecto de la reforma al sistema de enjuiciamiento de funcionarios judiciales que fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados y que ahora se dispone a sancionar el Senado, también por amplia mayoría, al menos.
El proyecto de ley que reforma a la Ley 13.661 de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, fue resistida en la Cámara joven por el bloque de UC-FpV hizo su propio dictamen.
La mejora de la norma tiene como objetivo redefinir ciertos artículos relacionados a la duración de los procesos a fin de achicar los tiempos del juicio.
Se busca también establecer la permanencia del Presidente del Jurado, que la ejerce el Presidente de la Corte, desde la denuncia o requerimiento hasta la finalización del proceso, ya que actualmente puede cambiar en medio del enjuiciamiento. También los legisladores seguirán integrando los jury siempre que permanezcan como tal.
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