El impacto de la peor sequía en un siglo siguen dando dolores de cabeza no solo a los productores, sino también al Gobierno nacional, por la merma en el ingreso de divisas desde el campo. Por eso, en las últimas horas, se planteó al Banco Central derogar una medida que limita la entrega de créditos.
Hace dos días, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a marzo. Si bien el índice arrojó una mejora interanual de 1,3% y sostiene la suba del mes anterior, el campo sigue golpeado por la sequía. Solo 4 de los 16 sectores que evalúa el EMAE registraron porcentajes negativos. De ellos, el del campo (Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura) bajó un 12% con respecto a marzo del año pasado.
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El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, informó que se solicitó al Banco Central (BCRA), la derogación de la Comunicación A-7720 por la cual se impedía a los productores sojeros, tomar créditos, si acumulan más del 5 por ciento del stock de soja.
El funcionario señaló que “junto con el ministro de Economía, Sergio Massa, enviamos al Banco Central el pedido de derogación de la circular A-7720 que limita la toma de crédito por parte de productores que acumulan más del 5 por ciento de stock de soja”.
Bahillo remarcó que “la situación excepcional del impacto negativo de la sequía nos obliga a pensar nuevas herramientas que tengan en cuenta las pérdidas sufridas por las y los productores para incentivar la inversión en la próxima campaña”.
Vale recordar que, según el INDEC, en el primer cuatrimestre del año, la Argentina tuvo un volumen de exportaciones por 21.790 millones de dólares frente a 23.259 millones de dólares en importaciones, lo que resultó en el grave saldo negativo que recrudece la escasez de divisas.
Ello significó una caída de las exportaciones de 21,3% en relación al primer cuatrimestre de 2021, y de 6,3% en las importaciones. De hecho, se trata del peor saldo comercial en un primer cuatrimestre desde el año 2018, cuando alcanzó la friolera de – U$S 3.277 millones.
En un comunicado, puntializó que “la Comunicación A-7720 plantea situaciones generales, generando algunas injusticias comerciales. No diferencia cual es el destino que el productor le va a dar al cereal que retiene ya que además de preservarlo como reserva de valor, también se lo retiene para asegurar el pago del alquiler del campo”.
La nota destaca que “la restricción impuesta por la Comunicación A-7720, está castigando a un productor que está guardando su producción para pagar el alquiler que vence cada 3, 4, 6 o 12 meses y no por una especulación financiera”.
Bahillo subrayó que “la norma no consigue el objetivo buscado y genera discriminaciones en el acceso al crédito a productores que no tienen la intención de especular un rédito mayor o bien generar algún perjuicio al Estado”.
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