El Gobierno bonaerense dio una primera explicación de por qué apeló la cautelar que frenó el último aumento de la luz y defendió el mecanismo de actualización tarifaria que utiliza desde hace años. Fuentes de la Subsecretaría de Energía precisaron que los ajustes se enmarcan en un régimen de transición establecido en un contexto de emergencia y cuestionaron que la Defensoría del Pueblo plantee la necesidad de una audiencia pública sin considerar las particularidades de ese procedimiento.
La discusión enfrenta al Ejecutivo de Axel Kicillof con el organismo que conduce Guido Lorenzino, que había conseguido frenar las subas con una cautelar durante algunas semanas por considerar que fueron aplicadas sin una instancia previa de información y participación de los usuarios. Para la administración provincial, en cambio, las actualizaciones se realizaron dentro de un esquema regulatorio específico, que debe analizarse teniendo en cuenta las condiciones en las que fue implementado.
La controversia sumó un nuevo capítulo en los últimos días, cuando la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata concedió efecto suspensivo al recurso de la Provincia. Así, la cautelar que había ordenado retrotraer los componentes provinciales de las facturas dejó de impedir provisoriamente la aplicación de los cuadros tarifarios vigentes, mientras continúa la discusión de fondo.
Por qué la Provincia defiende el mecanismo de actualización
El primer argumento de la Subsecretaría apunta al régimen tarifario bajo el cual se aplicaron los aumentos. La Provincia sostiene que las actualizaciones del Valor Agregado de Distribución (VAD) – único componente provincial- se realizaron dentro de una etapa de transición iniciada en 2021, en un contexto de emergencia, y no como parte de una nueva revisión tarifaria integral.
Desde esa perspectiva, el Gobierno considera que los ajustes deben evaluarse a partir de las reglas específicas de ese régimen. El organismo que encabeza Lorenzino sostiene, en cambio, que la participación de los usuarios debe ser previa a la aplicación de los aumentos.
El peso de los aumentos nacionales y el riesgo de congelar el VAD
Otro punto central de la explicación oficial es la composición de la factura eléctrica. La Subsecretaría pone el foco en que el monto que pagan los usuarios no depende exclusivamente de las decisiones provinciales, ya que una parte importante corresponde a componentes cuyos precios se determinan en el ámbito nacional.
En términos generales, la factura combina el costo de la energía, la potencia y el transporte, regulados a nivel nacional, con el Valor Agregado de Distribución (VAD), que remunera el servicio de las distribuidoras bajo jurisdicción provincial, además de los impuestos y otros conceptos que puedan corresponder.
La distinción es importante para el Gobierno bonaerense porque la cautelar cuestionó las actualizaciones de los componentes provinciales, pero no suspendió los precios nacionales de la electricidad. Por eso, la administración provincial sostiene que analizar la evolución de las facturas sin diferenciar esos componentes puede ofrecer una imagen incompleta de los aumentos que enfrentan los usuarios.
La Subsecretaría también compara la evolución del VAD con la del monto final de las facturas para señalar que ambos no necesariamente aumentan en la misma proporción. El argumento apunta a mostrar que las variaciones de los precios nacionales también inciden en lo que pagan los hogares bonaerenses.
“Resulta llamativo que el Defensor del Pueblo bonaerense cuestione exclusivamente los componentes provinciales, sin señalar los aumentos dispuestos por Nación, que representan alrededor del 40% de la factura y que la Provincia está obligada a trasladar automáticamente” aseguran.
A esa discusión se suma un problema operativo. La Provincia advierte que congelar solamente el VAD mientras siguen vigentes los componentes nacionales puede generar dificultades para aplicar y controlar los cuadros tarifarios, dado que ambos integran una misma estructura de facturación.
Según señalan fuentes de la Subsecretaría de Energía, la aplicación de la cautelar también podía comprometer los ingresos de las distribuidoras y su capacidad para afrontar los costos operativos, mantener las redes y realizar las inversiones necesarias para sostener el servicio.
La audiencia pública que prepara la Provincia
En paralelo con la discusión judicial, el Gobierno bonaerense informó que prevé convocar a una audiencia pública para mediados de diciembre, en el marco del tramo final de la Revisión Tarifaria Integral.
La última audiencia vinculada con una revisión integral se realizó en diciembre de 2016. Desde entonces, las actualizaciones se instrumentaron bajo distintos mecanismos transitorios por parte del Ejecutivo – no habían sido cuestionados hasta ahora-, un recorrido que está en el centro de la discusión actual.
Por ahora, la Cámara suspendió los efectos de la cautelar mientras avanza la apelación, pero no resolvió si las actualizaciones cuestionadas requerían una audiencia pública. Esa definición sigue pendiente y será determinante para establecer bajo qué condiciones podrá continuar el esquema de actualización de las tarifas eléctricas bonaerenses.
