La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata falló a favor de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires en la causa iniciada por la Defensoría del Pueblo vinculada a las tarifas de luz. Ahora, tanto las distribuidoras como las cooperativas eléctricas podrán aplicar los valores correspondientes a septiembre. El litigio sigue abierto.
El fallo al que accedió INFOCIELO hace dos cosas. Primero acepta el recurso de queja presentado por el gobierno bonaerense luego de que el juez de primera instancia rechazara el pedido de apelación. En segundo lugar, le imprime “efecto suspensivo” a la medida cautelar dictada a fines de septiembre. De esta manera, la orden dictada por el juez Agustín López Coppola a pedido de la Defensoría queda sin efecto hasta que haya una decisión definitiva.
De esta manera, las distribuidoras de energía eléctrica que operan en la Provincia podrán la actualización de tarifas aprobada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a fines de julio. En rigor, ese aumento había entrado en vigencia, pero a mediados del mes pasado la Defensoría que lidera Guido Lorenzino fue a la Justicia para frenarlo con una medida cautelar argumentando que “el nuevo cuadro tarifario fue aprobado sin una instancia previa de audiencia pública o participación de los usuarios”.
Por su parte, las cuatro empresas distribuidoras (EDEN, EDEA, EDES y EDELAP) y el gobierno de Kicillof a través de la Fiscalía de Estado fueron a los tribunales para rectificar ese fallo y reinstaurar los nuevos valores. Entre otras cosas, basaron su postura en la imposibilidad de separar los componentes provinciales de los nacionales en las facturas, pero también advirtieron que “la ejecución inmediata de la cautelar comprometía la continuidad y sustentabilidad del servicio”.
La Cámara de Apelaciones le dio la razón a los demandados considerando que “la mera invocación genérica del interés público, desprovista de circunstancias concretas” no alcanza para dictar una medida cautelar.
Lo concreto es que las tarifas de luz volverán a ser como se previó a fines de julio. En agosto, la cartera de Gabriel Katopodis autorizó otro aumento, pero en septiembre, con la causa ya abierta, no. Ahora, habrá que ver cómo hacen para ponerse al día con las actualizaciones que quedaron pendientes.
El trasfondo político del conflicto
La disputa por las tarifas eléctricas también quedó atravesada por la interna del peronismo bonaerense. Como advirtió Infocielo, el avance judicial de la Defensoría sobre los aumentos generó malestar dentro de la Gobernación, en un momento en que la administración de Axel Kicillof tenía proyectado el impacto de la actualización tarifaria para poder encarar el último tramo de las paritarias bonaerenses.
Según pudo reconstruir este portal, el conflicto con Guido Lorenzino habría sido uno de los elementos que influyeron en la decisión del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de no acompañar un proyecto impulsado por La Cámpora que buscaba ampliar las atribuciones de la Defensoría del Pueblo.
A través de la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila, habría existido una instrucción a legisladores del MDF para no acompañar la iniciativa de La Cámpora. El argumento público utilizado por los diputados fue otro: cuestionaron que el proyecto otorgara nuevas atribuciones a la Defensoría y plantearon objeciones vinculadas al artículo 55 de la Constitución bonaerense.
Así, el freno judicial a las tarifas quedó conectado con una discusión que excede el expediente: el rol de la Defensoría, los recursos que necesita la Provincia y la interna entre el espacio de Kicillof y La Cámpora.
