La Justicia bonaerense confirmó que la suspensión de los aumentos de las tarifas eléctricas también alcanza a las cooperativas prestadoras del servicio bajo jurisdicción provincial y municipal. La precisión surgió luego de que la Defensoría del Pueblo bonaerense presentara una aclaratoria para que no quedaran dudas sobre el alcance de la medida cautelar dictada el 18 de septiembre.
El juez Agustín López Coppola, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, consideró que no era necesario ampliar formalmente la cautelar porque las cooperativas ya estaban comprendidas en la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, cuyos efectos habían sido suspendidos.
El fallo original había alcanzado inicialmente a EDES, EDELAP, EDEA y EDEN, las cuatro distribuidoras bajo jurisdicción provincial que habían quedado comprendidas en la resolución tarifaria. Ahora, la Justicia dejó expresamente aclarado que el alcance también comprende a las cooperativas alcanzadas por esa misma normativa.
La decisión original había frenado los aumentos aplicados desde agosto sobre los componentes provinciales de la tarifa eléctrica y ordenado restablecer el cuadro tarifario anterior. Ahora, el magistrado despejó cualquier duda sobre su alcance respecto de las cooperativas.
La aclaratoria a pedido de la Defensoría
La Defensoría había pedido que se hicieran extensivos los efectos de la medida cautelar a las “cooperativas prestadoras del servicio público de energía eléctrica bajo jurisdicción provincial y municipal”.
El juez respondió que ese pedido resultaba innecesario porque, tal como había señalado la propia parte actora, “las cooperativas de provisión del servicio eléctrico se encuentran comprendidas por la Resolución MIySP N° 585/2026”.
Por lo tanto, al haber quedado suspendida esa resolución, también quedaron comprendidos los aumentos que la normativa había establecido para las cooperativas alcanzadas.
OCEBA deberá comunicar la medida
Aunque rechazó la necesidad de ampliar formalmente la cautelar, López Coppola dispuso una medida para dejar expresamente notificado al sector.
El magistrado ordenó librar un oficio al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) para que comunique la medida cautelar a las cooperativas prestadoras del servicio público de energía eléctrica bajo jurisdicción provincial y municipal.
De esta manera, la Justicia no modificó la decisión adoptada el 18 de septiembre, sino que aclaró su alcance y dispuso un mecanismo específico para que las cooperativas sean notificadas.
El fallo que frenó los aumentos
La aclaratoria se conoció después de que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca hiciera lugar a la medida cautelar solicitada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.
En esa resolución, el juez suspendió los efectos de la Resolución 585/2026 y ordenó restablecer el cuadro tarifario anterior respecto de los componentes provinciales.
El planteo judicial había cuestionado que los aumentos se aplicaran sin una nueva audiencia pública, pese a que habían transcurrido casi diez años desde las últimas instancias de participación realizadas en 2016. El magistrado había advertido en aquel fallo que en la provincia “hace diez años que no se realiza una audiencia pública.”
La nueva resolución deja así expresamente establecido que el freno a los aumentos alcanza también a las cooperativas comprendidas por la normativa provincial, mientras que OCEBA deberá comunicarles formalmente la medida.
El trasfondo político del conflicto
La disputa por las tarifas eléctricas también quedó atravesada por la interna del peronismo bonaerense. Como advirtió Infocielo, el avance judicial de la Defensoría sobre los aumentos generó malestar dentro de la Gobernación, en un momento en que la administración de Axel Kicillof tenía proyectado el impacto de la actualización tarifaria para poder encarar el último tramo de las paritarias bonaerenses.
Según pudo reconstruir este portal, el conflicto con Guido Lorenzino habría sido uno de los elementos que influyeron en la decisión del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de no acompañar un proyecto impulsado por La Cámpora que buscaba ampliar las atribuciones de la Defensoría del Pueblo.
A través de la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila, habría existido una instrucción a legisladores del MDF para no acompañar la iniciativa de La Cámpora. El argumento público utilizado por los diputados fue otro: cuestionaron que el proyecto otorgara nuevas atribuciones a la Defensoría y plantearon objeciones vinculadas al artículo 55 de la Constitución bonaerense.
Así, el freno judicial a las tarifas quedó conectado con una discusión que excede el expediente: el rol de la Defensoría, los recursos que necesita la Provincia y la interna entre el espacio de Kicillof y La Cámpora.
