Por el mostrador de una farmacia de barrio ya no solo pasan recetas: pasan dilemas de supervivencia. En los últimos dos años, la venta de medicamentos en la Argentina experimentó un derrumbe de entre el 25 por ciento y el 30 por ciento. Detrás de ese porcentaje frío se esconde una escena cotidiana y dramática en la que los pacientes se ven obligados a fragmentar sus tratamientos de acuerdo con el dinero que llevan en el bolsillo.
“El paciente no lo compra porque quiere; el paciente lo adquiere porque tiene una patología”, advierte Alejandra Gómez, referente de la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFA) y del Colegio de Farmacéuticos bonaerense en diálogo exclusivo con INFOCIELO PLAY. La dinámica en el mostrador refleja el impacto de la crisis: “De la receta dicen: ‘Bueno, no llevo los dos, llevo uno solo o llevo el que me cubre más la obra social y el otro déjalo’”. Para Gómez, las consecuencias sanitarias de esta interrupción son inevitables, “ese paciente que no está haciendo su tratamiento después entra al sistema sanitario con algo peor”.
La batalla de las ideas: ¿Bien social o bien de consumo?
El desplome en las ventas coincide con un giro de 180 grados en la política sanitaria impulsada desde el Estado nacional a través del DNU 70/2023 y las medidas de desregulación. El choque conceptual entre los profesionales de la salud y el Ejecutivo define el núcleo del debate.
“Nosotros consideramos al medicamento como un bien social, no de consumo”, enfatiza Gómez, marcando la distancia con las iniciativas oficiales que buscan liberar la comercialización. Desde el sector farmacéutico se desmonta la premisa de que la oferta y la demanda puedan regular el acceso a los remedios de la misma forma que otros bienes del mercado, “uno no va a comprarlo porque un día se levantó y dice ‘Bueno, hay una oferta y voy me compro un medicamento’. Como por ahí de repente vas y te compras un par de zapatillas”.
Aunque el argumento oficial para promover la desregulación y el paso de medicamentos a la condición de “venta libre” es fomentar la competencia para reducir los costos, el resultado en el bolsillo del usuario termina siendo el opuesto. Al abandonar la condición de venta bajo receta, las obras sociales y prepagas —incluido el PAMI— retiran la cobertura del vademécum. “En el caso de todos estos medicamentos que pasan a venta libre, lo que sí sucedió es que esos medicamentos perdieron la cobertura de la seguridad social, lo tiene que comprar a precio total”. Frente a la confusión sobre la fijación de valores, la dirigente aclara, “el farmacéutico no es quien pone el precio del medicamento; son los laboratorios”.
El peligro de la góndola: de Mercado Libre a las ferias informales
La intención de habilitar la comercialización fuera del ámbito farmacéutico tradicional abre una grieta en la seguridad sanitaria. El Colegio de Farmacéuticos detecta e impulsa denuncias constantes contra la venta en plataformas digitales como “la amarillita del de las manitos, Mercado Libre”, envíos por courier y puestos en ferias de la vía pública, como en La Matanza.
“Cuando se habla de esto entendamos que, más allá de la necesidad del paciente de acceder al medicamento, el riesgo es que ese medicamento no está garantizado, puede ser algo adulterado, puede ser cualquier cosa que puede ser placebo o puede ser algo peligroso que ocasione la muerte de un paciente”.
La estructura sanitaria exige un profesional universitario en cada eslabón para asegurar la trazabilidad y legitimidad del producto. “En la cadena de comercialización está la industria, el laboratorio, la distribuidora, la droguería y la farmacia, y en todos esos eslabones hay un farmacéutico garantizando que ese medicamento sea genuino. Es imposible que haya un profesional farmacéutico en Mercado Libre”.
Tampoco la categoría de “venta libre” exime de riesgos al consumidor. Gómez derriba el mito de la inocuidad de fármacos masivos como el paracetamol: “No quiere decir que no pueda provocar intoxicaciones tan graves o consecuencias tan graves como cualquier otro… puede provocar hasta la muerte”. La memoria del sector evoca los antecedentes traumáticos de la desregulación de los años noventa, “lo que ocurrió y que vimos es que empezaron a aparecer medicamentos adulterados, falsificados tuvimos que lamentar fallecimientos, no sé si recordás el caso del propóleo, el caso de alguna vitamina B inyectable”.
Asfixia financiera en la farmacia de barrio
Más allá de la dispensación, las farmacias actúan como el primer sostén del sistema sanitario, amortiguando la falta de liquidez del esquema de salud. De las más de 14.000 farmacias distribuidas en el país, la CoFA representa a unas 9.000, en su mayoría establecimientos chicos, familiares y unipersonales.
El desfasaje financiero amenaza la continuidad de los locales comunitarios, el plazo con droguerías, las farmacias deben abonar las droguerías en un lapso de 10 a 15 días. El cobro a obras sociales, las liquidadoras y financiadores abonan los reintegros a los 30, 45 o 60 días.
“Compramos los medicamentos a la droguería, lo pagamos en un plazo de 10 a 15 días, pero cobramos lo que pagan las obras sociales al mes, a los 45 días, a los 60 días. Nos convertimos en financiadores del sistema”.
Esta tensión económica se agrava en el ámbito rural o en barrios donde la farmacia representa el único centro de salud disponible. El vínculo cercano con el paciente lleva al farmacéutico a asumir riesgos personales: “Muchas veces le entregas el medicamento y existe esto de ‘bueno, te lo entrego y después me lo pagas’. Cuando hablas de medicamentos es difícil decir que no porque vos entendés que el paciente lo necesita”. Sin embargo, la advertencia sobre la resistencia del sector es tajante: “Han estado en muchas crisis que se han vivido y, sin embargo, nunca han estado tan mal… Si la cadena no acompaña, llega un momento en que eso se rompe”.
Modernización sin descuidar al paciente
La postura del sector farmacéutico no implica una resistencia tecnológica, sino una exigencia de regulación responsable. “No estamos en contra de la modernización; hay un montón de cosas como la digitalización o la receta electrónica que hay que hacer, pero siempre entendiendo que esa regulación tiene que estar acompañada de la seguridad del paciente”.
En provincias de gran extensión como Buenos Aires, la convivencia de la receta papel con la digital responde a la realidad territorial, donde subsisten problemas de conectividad e incompatibilidad entre sistemas de obras sociales. Para los farmacéuticos, cualquier reforma debe contemplar la equidad territorial y garantizar que ningún cambio de paradigma deje al paciente desprotegido frente a la enfermedad
