Marta Pascual quedó este lunes en el centro de la escena judicial bonaerense después de suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia. Pero su recorrido en la Justicia y su trabajo con adolescentes en conflicto con la ley penal comenzaron mucho antes del fallo que ahora la convirtió en una de las protagonistas de la discusión sobre la seguridad.
Pascual nació y creció en Almirante Brown, es abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con posgrados en Derecho Público y Magistratura. Actualmente es titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora y presidenta del Tribunal Penal Juvenil Único de ese departamento judicial.
Su trayectoria también pasó por la gestión pública: fue ministra de Familia y Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires y presidenta del Consejo Provincial del Menor. Además, trabajó como consultora de UNICEF y ocupó la presidencia de la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia, desde donde representó a la Argentina en encuentros de América Latina, Europa y Asia.
Una carrera ligada a la justicia juvenil
El trabajo de Pascual estuvo marcado durante décadas por las políticas vinculadas con la infancia y la adolescencia, tanto desde el ámbito judicial como desde la gestión y la academia.
En 2025, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) le otorgó el Doctorado Honoris Causa, la máxima distinción académica de la institución. El reconocimiento fue aprobado por unanimidad por el Consejo Superior y destacó su trayectoria en el derecho, la justicia social y la defensa de los derechos humanos, especialmente en materia de niñez y adolescencia.
Uno de los proyectos que impulsó desde Lomas de Zamora es Involucrados, una iniciativa de justicia restaurativa destinada a jóvenes en conflicto con la ley penal que articula al Poder Judicial con el municipio de Almirante Brown y la universidad.
El programa busca que los adolescentes participen de procesos orientados a reparar el daño y reconstruir sus vínculos con la comunidad. Según explicó Pascual al referirse a los resultados de la iniciativa, algunos jóvenes “pasaron de orgullosos pibes chorros a orgullosos vecinos de Brown”.
La experiencia comenzó a ser replicada en otros municipios bonaerenses y se convirtió en una de las iniciativas que marcaron su recorrido en materia de justicia restaurativa.
De la gestión pública a los tribunales
La trayectoria de Pascual no se limitó al ámbito judicial. También desarrolló proyectos vinculados con la inclusión social y la formación de jóvenes, entre ellos la Red de Potreros Digitales, orientada a capacitar a adolescentes en situación de vulnerabilidad.
En paralelo, publicó más de 30 trabajos especializados y participó como conferencista y jurado en congresos nacionales e internacionales vinculados con justicia restaurativa, derechos humanos y niñez.
En el ámbito académico dirige la carrera de Especialización en Derecho de Familia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y fue docente en distintas universidades nacionales e internacionales.
Su vínculo con la universidad pública también aparece en una definición que pronunció al recibir el Honoris Causa de la UNaB. Visiblemente emocionada, Pascual aseguró: “Siento alegría, siento emoción, acá está presente toda mi vida” y se definió como “hija de la universidad pública”.
El reconocimiento también tuvo una fuerte dimensión local. Durante la ceremonia, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, destacó su trayectoria y su compromiso con los jóvenes: “Todos los pibes tengan una nueva oportunidad”, sostuvo al referirse al trabajo de la magistrada.
La jueza que ahora quedó en el centro del debate
Ese recorrido es el que antecede a la resolución que volvió a poner a Pascual en escena. La magistrada suspendió preventivamente la aplicación de la Ley 27.801 en toda la Provincia al advertir que la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal puede aumentar considerablemente la cantidad de jóvenes privados de la libertad.
Su preocupación central estuvo puesta en las condiciones materiales e institucionales para aplicar el nuevo régimen. En el fallo se preguntó si el Estado puede ampliar el universo de adolescentes sometidos al sistema penal “sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables”.
También sostuvo que “el Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir” cuando existen elementos que permiten presumir que podría ocurrir.
La decisión la colocó rápidamente en el centro de la discusión política sobre seguridad y delito juvenil. Mientras sus críticos cuestionan el freno a una ley que acaba de entrar en vigencia, su trayectoria muestra que la preocupación por el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal no comenzó con este expediente.
Ahora, durante los 60 días de suspensión preventiva, Pascual deberá continuar analizando las condiciones de implementación del nuevo régimen. Y una jueza que lleva décadas trabajando sobre justicia juvenil pasó, de un día para otro, de ser una referencia principalmente conocida en el ámbito judicial y académico a convertirse en uno de los nombres propios de la discusión sobre seguridad en la provincia de Buenos Aires.
