La crisis política que atraviesa Manuel Adorni sumó este jueves un nuevo capítulo en el Senado. Aunque el oficialismo contaba con los votos necesarios para bloquear una eventual interpelación al jefe de Gabinete, la ministra Patricia Bullrich optó por una estrategia más ambiciosa: hacer caer toda la sesión y evitar varias horas de debate sobre el funcionario más cuestionado del Gobierno.
La decisión le permitió a la Casa Rosada ganar tiempo en medio de una controversia que no logra cerrar y que amenaza con seguir condicionando la agenda legislativa de Javier Milei.
Pero también dejó al descubierto un movimiento político llamativo. Bullrich, que en las primeras semanas del escándalo había tomado distancia de Adorni e incluso había sido utilizada por la oposición para cuestionar las maniobras del oficialismo, terminó alineándose nuevamente con la estrategia libertaria para proteger al jefe de Gabinete.
De la crítica al blindaje
La ministra había quedado en el centro de la discusión luego de que el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro recordara un proyecto firmado por ella en 2010 para reglamentar el artículo 101 de la Constitución.
Según Ferraro, aquella iniciativa habilitaba que la interpelación y la moción de censura fueran tratadas directamente por las cámaras legislativas sin necesidad de atravesar el trámite ordinario de comisión.
El planteo complicó la posición del oficialismo, que venía sosteniendo que cualquier intento de avanzar sobre Adorni requería mayorías agravadas y procedimientos especiales.
Sin embargo, lejos de profundizar esas diferencias, Bullrich terminó encabezando la estrategia que permitió evitar que el tema llegara al recinto.
La maniobra para ganar tiempo
La ministra tenía asegurados los votos para impedir una interpelación gracias al respaldo de sectores de la UCR y de bloques provinciales aliados. Aun así, eligió no habilitar la sesión.
La decisión evitó que el Senado dedicara varias horas a debatir los pedidos impulsados por Unión por la Patria, el PRO y Convicción Federal, y le permitió al oficialismo desactivar una discusión incómoda en el peor momento de la crisis de Adorni.
El dato político no pasó inadvertido. Los únicos senadores que ocuparon sus bancas para impulsar la sesión fueron los macristas Martín Goerling Lara y María Cristina Huala, junto a la senadora Carolina Moisés, de Convicción Federal.
El zigzageo del PRO
La caída de la sesión generó fuertes críticas dentro del PRO, que en las últimas semanas endureció su posición respecto de Adorni pero que a nivel legislativo volvió a jugar junto al oficialismo.
Por un lado, referentes del partido que responden a Mauricio Macri vienen elevando el tono de sus críticas hacia el funcionario. Por otro, cuando llegó el momento de definir una estrategia parlamentaria, el PRO terminó alineándose con LLA para bloquear la ofensiva opositora.
En ese marco, el jefe de bloque amarillo en Diputados y titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo intentó justificar la postura de su sector político y recibió una dura chicana.
Un Gobierno que sigue sin cerrar el caso
Desde Unión por la Patria también cargaron contra la estrategia oficial. El jefe del interbloque peronista, José Mayans, sostuvo que su bancada decidió no dar quórum para no convalidar lo que definió como una “trampa” destinada a imponer la necesidad de reunir dos tercios para habilitar una moción de censura contra Adorni.
“Una vergüenza defender una interpretación tan retorcida de la Constitución para salvar a Adorni”, lanzó el senador formoseño.
Más allá de las acusaciones cruzadas, la suspensión de la sesión tuvo un efecto concreto: el Gobierno volvió a ganar tiempo.
La misma lógica que días atrás había permitido trasladar el debate a la Comisión de Asuntos Constitucionales ahora se replicó en el Senado. El resultado fue el mismo: evitar una discusión inmediata sobre el futuro de Adorni y darle a la Casa Rosada margen para intentar recuperar la iniciativa política.
Por ahora, la estrategia sigue funcionando. Pero cada maniobra para postergar el debate también alimenta la percepción de que el Gobierno todavía no encontró una salida definitiva para una crisis que se resiste a abandonar la agenda pública.
