La historia del fútbol argentino demuestra que la relación entre los gobiernos de turno y la Asociación del Fútbol Argentino nunca fue sencilla. Con distintos estilos, intensidades y objetivos, prácticamente todas las administraciones intentaron influir, de una u otra manera, en una institución que administra el deporte más popular del país y que, por esa misma razón, concentra poder político, económico y capital simbólico.
Desde que “Chiqui” Tapia asumió la presidencia de la AFA en 2017, esa tensión se mantuvo como una constante. La propia conducción de la entidad recordó, en reiteradas oportunidades, que durante diferentes gobiernos enfrentó amenazas de intervención, denuncias judiciales y cuestionamientos públicos.
Lo hizo de manera pública, y oficial: a través de un comunicado, la AFA salió en su momento a manifestar intencionalidad política detrás de la embestida contra la dirigencia del fútbol argentino, y amontonó antecedentes para probarlo: durante la gestión de Mauricio Macri “tuvimos que soportar constantes amenazas de intervención, denuncias de cohecho, tráfico de influencias, lavado de dinero y demás inventos, todo con el objeto de instaurar un modelo de gestión distinto al que había elegido el fútbol argentino”, afirmaron.
También recordó que, durante el gobierno de Alberto Fernández, el entonces presidente expresó públicamente diferencias con la conducción e impulsó un candidato alternativo para presidir la institución, pese a que las autoridades habían sido elegidas.
En ese contexto, la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada volvió a colocar a la AFA en el centro de una disputa política de mayor intensidad. La decisión del Gobierno de promover la apertura a capitales privados y habilitar el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) encontró una resistencia firme por parte de la dirigencia del fútbol argentino.
AFA defendió el modelo asociativo vigente y sostuvo que corresponde a los clubes, como asociaciones civiles, decidir su forma de organización. Modificar ese esquema implicaría alterar la identidad histórica del fútbol y avanzar sobre la autonomía de instituciones centenarias.
Esa resistencia significó uno de los principales obstáculos para un proyecto que el Gobierno considera estratégico dentro de su programa de reformas económicas. La discusión dejó de ser exclusivamente deportiva para convertirse en un conflicto político de alcance nacional. La actual gestión, y, hay que destacarlo también, la mayoría de la dirigencia futbolera del país se opone el esquema de negocio a favor de los privados que intenta imprimirle la gestión libertaria al fútbol argentino.
UN TRASFONDO ECONÓMICO, ADEMÁS DE POLÍTICO
Mientras se desarrollaba el debate sobre las SAD, la AFA tomó otra decisión de fuerte impacto económico: resolvió no renovar el esquema de televisación del fútbol de ascenso que, desde 2016, estaba en manos de TyC Sports y su plataforma digital. Durante años, los encuentros de la Primera Nacional y de la Primera B Metropolitana fueron transmitidos mediante un sistema que requería contar con un servicio de televisión por cable.
A partir de la temporada 2026, en cambio, la Asociación del Fútbol Argentino anunció que esos partidos serían transmitidos a través de LPF Play, su propia plataforma digital.
La decisión respondió, según explicó la dirigencia, a tres objetivos centrales: recuperar el control sobre la comercialización del producto, mejorar la distribución de los ingresos entre los clubes y desarrollar un modelo propio de explotación audiovisual que fortaleciera económicamente al fútbol argentino.
No se trató únicamente de un cambio tecnológico. También representó una modificación importante en el negocio de los derechos audiovisuales del ascenso, un segmento históricamente administrado por empresas privadas.
Resulta difícil ignorar que, desde ese momento, crecieron las críticas mediáticas contra la conducción del fútbol argentino.
En ese contexto de disputas de intereses entre política, empresas periodísticas y la AFA, comenzaron a aparecer denuncias contra Chiqui Tapia. Una de ellas, presentada por Leandro Camani, un extravagante empresario vinculado al negocio millonario de fotomultas, sobre el que llueven sospechas por presuntos hechos de corrupción que tramitan en varias causas judiciales, junto a otro personaje menor, marginal en términos del peso político pero con perfil de denunciante serial, como Matías Yofre.
Desde AFA aseguran que la intensidad de esa cobertura responde también a intereses económicos afectados por la pérdida de un negocio históricamente relevante.
No es una interpretación novedosa dentro del universo político argentino. Hace años distintos sectores denuncian la existencia de tratamiento periodístico especialmente agresivo cuando determinados intereses empresariales se ven comprometidos. Una suerte de ‘caza de brujas’ que algún periodista destacado entre las plumas del Grupo Clarín calificó, alguna vez, como “periodismo de guerra”. Casi una confesión utilizada en para describir una determinada forma de ejercer el periodismo en escenarios de alta confrontación política.
En ese contexto de presiones cruzadas, mezcladas con una evidente disputa de poder político y económico, la Justicia confirmó en las últimas horas los procesamientos de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino -presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino- por una causa de “evasión impositiva”
Una paradoja de la risueña actualidad política que vive el país que contrasta con la confesión pública por evasión del actual Jefe de Gabinete -en salida- Manuel Adorni, para el que, sin embargo, todavía ni siquiera hubo un llamado de atención de parte de la Justicia por esa evidente infracción a la Ley tributaria vigente de parte de uno de los más importantes funcionarios públicos de la administración de Javier Milei. Resultaría difícil de explicar algunos procesamientos, contrastados con ruidosos silencios en causas similares por hechos de evasión. Sobre todo teniendo en cuenta que algunos de ellos son opinables y cuya veracidad se discute en tribunales y otros son abiertamente confesados en televisión de aire.
La acusación contra los dirigentes de AFA es por no haber pagado a término 19.000 millones de pesos en concepto de impuestos y aportes patronales. La denuncia impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La misma entidad pública que autorizó un festival de adhesiones de funcionarios públicos a leyes promovidas por la gestión actual que buscan evadir responsabilidades penales derivadas de la evasión de impuestos. Toda una definición de la identidad mileista.
Desde el entorno del presidente de la AFA rechazan las acusaciones. Gregorio Dalbón afirmó públicamente que observa “una operación política y mediática” y agregó que “si fuera un delito, con una sola prueba estaríamos discutiendo indagatorias. No habría tanta tapa y más trabajo de los jueces”.
La coincidencia temporal entre el enfrentamiento por las Sociedades Anónimas Deportivas, la redefinición del negocio de la televisación del ascenso y el incremento de las investigaciones judiciales alimenta, para la conducción de la AFA y sus defensores, la sospecha de que detrás del conflicto existen intereses políticos y económicos que exceden ampliamente el contenido de las causas.
